7 de septiembre de 2017 21:34

El CAL deberá resolver si la Asamblea se suma a austeridad que propone Moreno

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Mario Alexis González

En el Decreto Ejecutivo que el presidente Lenín Moreno firmó el pasado 1 de septiembre de 2017, sobre la austeridad y optimización del gasto público, se establece que las reducciones en el gasto permanente se aplicarán a todas las instituciones descritas en el artículo 225 de la Constitución. Ahí figura la Función Legislativa. Aunque en la Asamblea Nacional no está claro si esto se aplicará o no.

Según la Pro forma presupuestaria 2017, que el Legislativo aprobó el pasado 31 de agosto, se consideran gastos permanentes a los gastos en personal, bienes y servicios de consumo, gastos financieros, otros gastos corrientes, transferencias y donaciones corrientes y bienes y servicios para la producción.

Luis Fernando Torres (PSC), integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL), explica que el Legislativo es autónomo por lo que la instrumentalización de la austeridad deberá hacer a través de una resolución del CAL. Por el momento no han sido convocados para tratar este tema.

Sin embargo, él adelantó que su voto será a favor en el caso de que llegara a tratarse este tema. No tiene problema en que se reduzca su sueldo o algunos beneficios como la utilización de vehículos oficiales o planes de telefonía móvil costeados por el Estado.

En Alianza País (AP), en cambio, hay posturas opuestas. Ximena Peña, coordinadora de la bancada, cree que lo decretado por Moreno aplica solo para el Ejecutivo. No descarta que el CAL pueda acogerse. Aunque recuerda que en el 2015 ya se redujo el suelo de los asambleístas en un 17%, a USD 5 009. En esa ocasión el CAL, mediante resolución, acogió la medida del Ministerio de Trabajo.

Por otro lado, Peña considera que las medidas del Decreto Ejecutivo son insuficientes para reactivar la economía del país y reducir la crisis. Esperan que Moreno envíe proyectos de ley económico urgentes con medidas significativas como incentivos para el sector de la construcción a través del Plan Casa Para Todos.

Jorge Yunda, también oficialista, respalda el Decreto del Mandatario. El legislador considera que la Asamblea no solo que debería plegarse a las medidas como la reducción de sueldos y el cierre de vacantes. Sino que en una consulta popular se debería plantear la reducción del número de legisladores a un máximo de 40: uno por provincia y uno extra por cada 500 000 habitantes.

El legislador quiteño considera que es un momento difícil para la economía ecuatoriana, ocasionado por condiciones externas. “Es un momento adecuado para ser austeros”, dice. Además, cree que se deben reducir gastos en el Legislativo. Por ejemplo, explica que en el anterior período se gastaron USD 200 000 en papel higiénico.

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