9 de mayo de 2017 00:00

Comisión delinea nuevo modelo de tratado de inversión

Pavel Calahorrano / El Comercio En el Salón Amarillo de Carondelet, Cecilia Olivet entregó el informe de la auditoría al presidente Rafael Correa,

En el Salón Amarillo de Carondelet, Cecilia Olivet entregó el informe de la auditoría al presidente Rafael Correa. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Mario Alexis González
Sebastián Angulo

El Gobierno recibió el lunes 8 de mayo del 2017 oficialmente las recomendaciones para renegociar los nuevos acuerdos de inversión, con otros países.

Estos deben incluir cláusulas para resolver las controversias en cortes nacionales y no internacionales, como ocurría con los anteriores tratados de inversión.

Además, estas herramientas deberán incluir un requisito de desempeño y asegurar la transferencia de tecnología. De igual forma la recomendación es que los nuevos acuerdos limiten los flujos de capitales, según la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (Caitisa).

Ese ente se creó en el 2013 para auditar todos los tratados suscritos por el Ecuador con otros países. En total fueron 30. De esa cifra, 27 entraron en vigencia y uno caducó.

En la actualidad quedan pendientes de terminación solamente 17. Hay siete pasos para lograr la finalización. La Asamblea ya aprobó su cierre y ahora está en manos del Ejecutivo.

El lunes, el canciller Guillaume Long recordó que aunque la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) se complete, hay una cláusula de supervivencia que puede ir de cinco a 20 años.

Las inversiones que ingresen al país antes de la denuncia se seguirán manejando bajo las mismas reglas, incluyendo
los arbitrajes internacionales en ese lapso.

La Caitisa había recomendado la terminación porque asegura que los TBI no han sido determinantes en la atracción de inversión extranjera. “Ecuador está entre los países de la región con más TBI; sin embargo, recibe solamente 0,79% de la inversión que llega a América Latina y el Caribe”, dice uno de los principales hallazgos del informe.

Además, la Comisión señala que el principal flujo de inversiones hacia el Ecuador proviene de Brasil, México y Panamá, con los que no se han suscrito Tratados. Y que solo el 23% de las inversiones provienen de países con TBI.

La Caitisa entregó el 8 de mayo al presidente Rafael Correa su informe final. Tiene 700 páginas. El acto se hizo por la mañana en el Palacio de Carondelet. El Mandatario, en su discurso, aseguró que estos Tratados tuvieron un efecto negativo. Se tuvo que enfrentar 26 demandas millonarias con base a esos tratados.

“Hay inversión extranjera directa empobrecedora, por ejemplo Chevron-Texaco, que destruyó nuestra selva”, comentó Correa.
Él recordó que Chevron demandó a Ecuador con base en el TBI firmado con EE.UU., lo cual -dijo- no aplica para un juicio entre privados. Agregó que aún así el tribunal se declaró competente en el juicio.

También mencionó que la Corte Constitucional emitió 17 dictámenes de inconstitucionalidad, por lo que el informe de la Comisión ayudará a completar las denuncias.

Según la Caitisa, por lo menos seis árbitros presentaron conflictos de intereses durante los casos contra Ecuador. De los procesos decididos, el 67% fue a favor de los inversores.

Por esta razón, Ecuador impulsa al interior de la Unasur una propuesta para crear un sistema de protección de inversiones para la región. Es una idea que se comenzó a hablar en ese organismo, desde hace tres años.

Sin embargo, el país ha firmado contratos con Petrochina en los que se incluyen cláusulas de solución de controversias, avaladas por la Procuraduría, que permiten arbitraje internacional en Londres.

Cecilia Olivet, directora de la Caitisa, indicó que el nuevo modelo de tratado recomendado debe incluir los derechos del Estado y obligaciones vinculantes para los inversores extranjeros.

Y también que se debe respetar los derechos de los pueblos y nacionalidades.

Por la tarde, el informe se volvió a presentar en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, en Quito. Unas 150 personas de Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, Cotopaxi, Guayas y Pichincha gritaron consignas en contra de los TBI mientras se instalaba la presentación.

A ese encuentro también acudieron el canciller Long, Olivet, el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y la asambleísta por Alianza País, Ma. Augusta Calle, presidenta de la Comisión de Soberanía, donde se aprobaron los informes para la denuncia de los tratados.

El Canciller ecuatoriano señaló que el país se adhirió a los TBI sin negociar y que desde el Gobierno se busca combatir estos acuerdos.

En contexto

El país suscribió 30 TBI, de los cuales solo 27 entraron en vigencia. Nueve fueron denunciados con la Constitución de 1998. El TBI con Finlandia se denunció en el 2010 y los 17 restantes están en proceso. Solo resta que el Ejecutivo emita el decreto.

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