10 de enero del 2017 00:00

El Cabildo quiteño tiene 108,9 millones de cartera por recuperar

El impuesto predial es una de las fuentes de financiación del Municipio de Quito. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

El impuesto predial es una de las fuentes de financiación del Municipio de Quito. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome
Redactora (I)
njacome@elcomercio.com

Son las deudas que la gente tiene con la ciudad. Aquellos pagos que las personas debieron realizar básicamente por motivo del impuesto predial, patentes y multas, pero no lo han hecho. La cartera vencida del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito asciende actualmente a USD 493,2 millones, de los cuales 108,9 millones son recuperables, según Miguel Dávila, administrador General del cabildo.

En los próximos 15 días se lanzará un concurso público para elegir una empresa que se encargue de cobrar dicha cartera. Se espera que la firma que gane la licitación preste sus servicios por ocho o nueve meses y logre recuperar al menos el 38% del total.

Para el economista Jaime Carrera, experto en administración pública, el contratar una empresa privada para realizar la cobranza debería ser una acción natural en los municipios ya que no cuentan con el personal suficiente como para poder hacer ellos mismos la recuperación de la cartera. En el Municipio de Quito, el área de coactivas tiene cerca de 25 personas, mientras que una empresa de cobranza tiene call centers con 90 personas, más la gente que realiza las notificaciones a pie.

Carrera hace un llamado para que se realice la licitación con transparencia, que se cobre esa cartera estableciendo las comisiones y mecanismos adecuados. “Es la mejor alternativa ante la crisis del país y la reducción de rentas municipales”, sostiene.

Carlos Páez, concejal del Distrito de la bancada de AP, asegura que el Concejo no conoce a profundidad el tema y que sería importante hacerlo para aclarar algunos detalles, por ejemplo, que se revise los términos contractuales. “Si se paga a la empresa en función de lo que logre recuperar de la cartera vencida es beneficioso para la ciudad, caso contrario, no”.

Sobre ese punto, Dávila explica que el Municipio seguirá haciendo gestión de recaudación por su cuenta, es decir, se va a trabajar paralelamente junto a la empresa privada. Añade que se ha determinado el pago a la empresa dependiendo del monto que logre recuperar. El dinero que se consiga se invertirá básicamente en obra pública.

El mayor monto por concepto de cartera recuperable está relacionado con las multas generadas por el uso del espacio público: vendedores callejeros, dueños de construcciones que se hicieron sin permiso, personas que colocan material pétreo en la vía, quienes consumen licor en espacios públicos o sacan la basura en horas no autorizadas.

La mora por este tipo de multas suma USD 42,4 millones. El no pago del Impuesto Predial (valor que debe cancelar quien tenga un bien inmueble) asciende a 40,3 millones. Dávila explica que históricamente, el 25% de los contribuyentes queda en mora de este impuesto.

La cartera vencida por pago de patentes (una erogación anual que debe hacer toda persona que realiza algún tipo comercio en Quito) alcanza los USD 26,3 millones.

Según Dávila, las multas en espacio público generan un valor más alto de endeudamiento debido a su dificultad para ser cobradas, ya que no siempre se puede ubicar al infractor.

Cada multa genera un título de crédito, y por lo tanto una orden de cobro. En Quito hay más de un millón de órdenes de cobro por morosidad que constan en la cartera recuperable, lo que no significa que hay un millón de personas que no han pagado. Dávila explica que, por ejemplo, si una persona tiene un departamento y dos parqueaderos, genera tres obligaciones, pero se trata de un solo multado.

La cartera no gestionable es de USD 384,2 millones (por títulos duplicados, fallecidos, inconsistencias de cédulas, etc.). De ellos, 44,2 millones, que representa un 8,9% del total, son incobrables. Se trata de obligaciones generadas antes del 2010 y que prescribieron en administraciones pasadas.

Dávila explica que la administración que estuvo en ese entonces debió ejercer una coactiva (facultad que la ley otorga a las entidades del sector público para que puedan recuperar los recursos que les adeudan) antes de que prescribiera, pero no lo hizo, por lo tanto, añade, deberán rendir cuenta ante la Contraloría.

También asegura que en esta administración no se ha permitido que las deudas de los contribuyentes prescriban. De hecho, se ha iniciado 494 945 procesos de coactivas para recuperar 190,6 millones.

Hay varias razones que han impedido el cobro oportuno de las deudas de los contribuyentes, además de la decisión de la persona de no pagar. Una de ellas tiene que ver con títulos emitidos dos veces; también hay errores en la emisión.

Además, existen problemas por inconsistencias de cédulas o RUC. Dávila hace un llamado de atención a los propietarios de inmuebles que no han realizado el pago y señala que estas personas no van a poder, por ejemplo, hipotecar ni vender el predio, porque no está registrado a su nombre. Estar en mora, además de generar gasto adicional al Municipio por la cobranza fuera del tiempo previsto, representa un costo adicional al deudor.

Desde el primer día que vence la obligación se empieza a generar intereses de mora, que es de 1,5 veces la tasa activa referencial establecida por el Banco Central, que es del 13%, es decir casi un 20% anual. Si son cinco años que no ha pagado, se duplica la obligación. Además, si entra a coactiva se aumenta un 10% por la gestión de cobranza.

De toda la cartera recuperable del Municipio, la gran mayoría de órdenes de cobro son deudas menores a USD 50.

En contexto


Los dos mayores montos de la cartera por cobrar del Municipio de Quito corresponden al impuesto predial y patentes. El objetivo de entregar a una empresa privada el cobro de obligaciones pendientes es agilitar la recuperación de las deudas. Se pagará en función de lo cobrado.

Punto de vista

‘Hay que limpiar la información’


Roque Sevilla, exalcalde de Quito


La iniciativa es positiva, pero debería ir acompañada del ajuste de información del Municipio. Se debería aprovechar esta oportunidad para que la tesorería haga un barrido serio en las acreencias que no son válidas. Lo primero que deberían hacer es cernir los cobros reales, de aquellos que se generan por errores de tipeo, de números de predios. Ha habido juicios que en etapa final ha perdido el Municipio y esas sumas no se dan de baja y siguen constando como deuda. También hay que ponerse del lado del usuario. Muchas veces por errores municipales la persona debe hacer largos trámites que implican pérdida de tiempo, lo que retrasa aún más el pago. Siempre ha habido morosidad, pero en general no tan alta como la que existe hoy. Se debería trabajar en facilitar las formas de pago y fomentar con mayor fuerza el pago electrónico.

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