26 de junio de 2016 11:39

Búsqueda de desaparecidos, un reflejo de la ineficacia de Fiscalía mexicana

Familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa marchan hoy, miércoles 27 de abril de 2016, en el municipio de Tixtla, en el estado mexicano de Guerrero, para protestar en contra del Gobierno ante la salida del Grupo Interdisciplinar

Familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en una marcha de protesta ocurrida el  miércoles 27 de abril de 2016, en el municipio de Tixtla, en el estado mexicano de Guerrero. Foto: EFE

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 1
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Agencia EFE

En un país con miles de muertos y más de 27 000 desaparecidos, la Fiscalía mexicana ha sido cuestionada en numerosas ocasiones dentro y fuera del país por sonoros errores en sus diligencias en tragedias como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que este domingo 26 de junio de 2016 cumple 21 meses.

Las irregularidades, y una aparente falta de profesionalidad e interés, fueron constatadas por Efe en un recorrido junto a la entidad Los Otros Desaparecidos de Iguala, que desde hace casi dos años recorre los montes del violento estado de Guerrero buscando fosas donde puedan estar enterrados sus familiares desaparecidos.

La comitiva estaba conformada por una veintena de familiares de desaparecidos, observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la ONU-DH, ocho policías federales, un agente del Ministerio Público (Fiscalía General), su ayudante, y tres peritos del organismo; uno de criminalística, uno de vídeo y otro de fotografía.

Para no contaminar la escena del crimen, son los miembros de la Fiscalía general quienes realizan las diligencias pertinentes, desde destapar la posible fosa hasta documentar y examinar los hallazgos.

En el recorrido con Efe, los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) no traían dos elementos básicos: el pico y la pala.

Según contaron desde el colectivo, la Fiscalía está acostumbrada a que la asociación lleve artilugios de búsqueda, por lo que es habitual que el órgano gubernamental no traiga sus propias herramientas.

Al final, el suceso, que retrasó la búsqueda en una hora, se solucionó yendo por un pico y una pala a casa de una integrante del grupo que busca a su esposo desaparecido.

"En la búsqueda de desaparecidos, los familiares son la locomotora y la Fiscalía el furgón de cola", dijo a Efe un observador de la CNDH presente en la escena.

Para más inri, aquel día el agente del Ministerio Público llegó unos 30 minutos tarde al lugar de encuentro de todos los familiares, y los peritos se demoraron todavía más.

Faltó incluso el perito en antropología -encargado de identificar los huesos- y el agente de la Fiscalía se excusó con un: "Es la primera vez en un año y ocho meses que sucede".

Para Mario Vergara, fundador de este colectivo, es un ejemplo de que el Gobierno "estorba" y hace "puras simulaciones".
"No le interesa desenterrar el horror", aseveró este rastreador de huesos, con un hermano taxista desaparecido, tras señalar que cada domingo se repite la misma escena.

En un año este colectivo ha encontrado 145 cuerpos y más de 500 restos humanos. La Fiscalía ha identificado solo 17, según datos de la entidad.

A tenor de otros sucesos que han saltado a la luz pública, escenas similares podrían repetirse a lo largo y ancho del territorio.
El último informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó la desaparición de los 43 jóvenes el 26 de septiembre de 2014 denunció irregularidades en el río San Juan, donde se halló una bolsa con restos óseos que permitió la identificación de uno de los jóvenes.

Según el expediente oficial, buzos de la Marina la encontraron el día 29 de octubre, pero una foto muestra una bolsa con restos óseos etiquetada un día antes.

Además, forenses argentinos que participaron en el caso advirtieron que no habían sido testigos del hallazgo y cuando llegaron al lugar esta ya había sido abierta.

Este detalle es muy relevante, pues esta identificación es la única prueba científica de que uno de los 43 jóvenes fue calcinados, como sostiene la muy cuestionada versión de la Fiscalía.

El director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, atribuyó el cambio de fechas a un error de la perito responsable de marcarla, en tanto que los expertos de la CIDH lo acusaron de actuar alejado de los "estándares mínimos internacionales" y de "tergiversar" los hechos.

Este suceso se cerró con un anuncio de la Fiscalía de que se abriría una investigación para detectar posibles irregularidades, cuyos resultados aún se desconocen.

A ambos sucesos se le añaden otros casos que ponen seriamente en entredicho las capacidades de la Fiscalía. Si bien no tienen que ver con la búsqueda de desaparecidos, el pasado mayo un juez federal desestimó los elementos de prueba aportados por la PGR y ordenó la liberación de los tres últimos militares implicados en la muerte de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya en 2014, en el central Estado de México.

De acuerdo con la propia Fiscalía, 14 personas murieron en el enfrentamiento y las ocho restantes, algunas heridas, fueron asesinadas por los militares.

No obstante, esta institución fue incapaz de acreditar ante un juez la participación de siete militares. En octubre pasado se liberaron otros cuatro, pues el juez consideró que la PGR no había sido clara a la hora de explicar los hechos por los que estaban acusados.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)