6 de junio de 2017 00:00 

87 burdeles tienen hasta julio para ser reubicados a zonas industriales 

Para los estudiantes del Instituto Cordillera, que colinda con el centro de entretenimiento para adultos en la Logroño, ser vecinos del local no es lo mejor.  Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Para los estudiantes del Instituto Cordillera, que colinda con el centro de entretenimiento para adultos en la Logroño, ser vecinos del local no es lo mejor. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Daniel Romero

En la calle Logroño, en el norte de Quito, el ‘night club’ 155 no abre desde hace un mes. Este era uno de los casos emblemáticos del funcionamiento de una casa de citas en un terreno no permitido que colinda con un centro de educación superior. Es parte de los 87 centros que deben salir de zonas no autorizadas hasta el 25 de julio próximo.

El 155 no solo era conocido por su ubicación, sino también por sus constantes cierres y reaperturas. Sin embargo, esta vez, la causa de su cierre no solo fue por una falta administrativa, sino porque las autoridades investigan un presunto delito de lavado de activos.

El funcionamiento de esa casa de citas era legal. Fue parte de los 37 locales que, en 2015, entraron en el proceso de obtención de una licencia para continuar funcionando. Dicho proceso estuvo a cargo de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda.

En 2016, la Ordenanza 127, en su primera transitoria estableció que estos locales tenían hasta un año para salir de los terrenos que, de acuerdo con el tipo de uso de suelo asignado por el Cabildo, no concordaban con su actividad.

Ese plazo se cumple el próximo 25 de julio, según Jacobo Herdoiza, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda.

A los 37 establecimientos que entraron en el proceso para la licencia se sumaron otros 50 (que totalizan 87) que están en las mismas condiciones, según información que tiene la Secretaría de Territorio con base en las asociaciones de este tipo de establecimientos.

Sin embargo, según Herdoiza, miembros de las asociaciones de burdeles hicieron una petición al Municipio para que se prorrogue el plazo hasta diciembre de 2018. Esta solicitud se encuentra en estudio.

La sensación de inseguridad genera conflictos para moradores y personas que trabajan o circulan por los lugares en los que se asientan las casas de citas. Elena Zambrano vive en la calle Zamora, a unos 800 metros del 155. Para ella, el trabajo sexual está asociado a violencia y a delincuencia. “Cuando estaba abierto evitaba pasar por ahí. ¿Cómo es posible que se ubique al lado de un instituto educativo? Es una mala influencia”, señaló.

Para los estudiantes del Instituto Cordillera, que colinda con el centro de entretenimiento para adultos en la Logroño, ser vecinos del local no es lo mejor. Estefanía Caiza estudia allí. “Los viernes eran un problema. A veces nos quedamos hasta más de las 21:00 y uno ya podía ver abierto el local. Cuando la gente toma se arman las peleas y el sector es inseguro. Este tiempo que ha pasado cerrado me siento un poco más segura”, señaló.

Para Verónica Valverde, administradora de una casa de tolerancia en La Mariscal, el pedido no es solo para extender el plazo sino para buscar nuevos sitios en las zonas industriales. “Un ejemplo del cierre de locales es la 24 de Mayo. Lo que pasó después de eso es que las trabajadoras sexuales ocuparon la calle del Centro Histórico. Deben tener en cuenta que las zonas industriales no presentan ni las facilidades ni la infraestructura adecuada”, dijo.

Pero, ¿qué significa funcionar en un suelo no permitido? Según Sergio Garnica, presidente de la Comisión de Suelo del Concejo Metropolitano, estos locales han funcionado en zonas residenciales en las que su actividad choca con el entorno del lugar. Por eso deberán trasladarse a terrenos que se ubican en las zonas denominadas industriales.

Frente al antiguo aeropuerto de Quito hay un sector conocido por la presencia de dos casas de citas. La zona residencial más cercana es el barrio La Florida. Allí vive Pablo Guerrero. Para él, el problema es que los locales abren desde la tarde. “A las 16:00 ya se ve gente entrando y saliendo. Los carros se parquean afuera y, en la noche, más de una vez se han visto riñas”, contó.

Con ese tipo de quejas de los ciudadanos, Eddy Sánchez, miembro de la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana, remitió a la Agencia Metropolitana de Control del Municipio, un oficio solicitando un plan de operativos para el cierre de estos locales, ya que el plazo de reubicación termina en julio próximo.

La Agencia de Control respondió a Sánchez y, además, remitió un Memorando a la Dirección de Inspección de la Agencia solicitando que se coordine con la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda los operativos de control en virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ordenanza 0127.

Los controles se realizarán una vez que se cuente con la información requerida pero, además, se espera la resolución sobre la solicitud para que se estudie técnicamente el pedido de las asociaciones dedicadas a este trabajo.

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