13 de March de 2015 20:38

Opositores de la Presidenta de Brasil convocan a protestas para pedir su destitución

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Agencia DPA

Debilitada por la crisis económica, un escándalo de corrupción en la estatal Petrobras y el deterioro de su relación con aliados en el Congreso, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, enfrentará este domingo 15 de marzo de 2015 la primera protesta popular en demanda de su destitución.

Las manifestaciones en favor de un juicio político del Congreso para destituir a la mandataria fueron convocadas a través de las redes sociales por tres grupos de oposición al gobierno que se definen como apartidarios y, juntos, tienen a más de 700 000 de seguidores en Facebook.

El Movimiento Brasil Libre (MBL), que comanda la iniciativa, espera que los actos reúnan a unas 200 000 personas en Sao Paulo -el principal centro de las protestas- y a decenas de miles más en otras 50 ciudades del país.

La fecha elegida para los actos es simbólica: precisamente este domingo, Brasil celebra el aniversario de 30 años de la redemocratización del país, después de más de dos décadas de dictadura militar. Pese a ello, entre los que apoyan la iniciativa están grupos que defienden "una intervención militar" para sacar del poder al Partido de los Trabajadores (PT), que gobierna Brasil desde 2003, cuando el fundador del partido, el exsindicalista Luiz Inacio Lula da Silva, asumió la presidencia del país sudamericano.

Los sectores "golpistas" preocupan al MBL, que divulgó en su página en Facebook un manifiesto en el que destaca que la motivación de la protesta "es la defensa de la democracia y de las instituciones". "No estamos en búsqueda de atajos autoritarios ni de soluciones aventureras", agrega el texto, que advierte que una intervención militar es "ilegal", "inconstitucional" y "totalmente indeseable".

Pese a que los organizadores aseguran que los actos no tienen sesgo partidario, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) -la principal fuerza de oposición al gobierno- admitió que representantes de la agrupación participarán en la manifestación de Sao Paulo. Lo mismo anunció el líder del Partido Verde (PV), Eduardo Jorge, candidato derrotado a la presidencia en los comicios de octubre pasado, en los que Rousseff se impuso en segunda vuelta y por estrecho margen al candidato del PSDB, el senador Aécio Neves.

El PT sostiene que las manifestaciones tienen un "sesgo golpista", reflejan el descontento de los ricos con las políticas sociales del gobierno y son organizadas en realidad por los partidos de oposición al gobierno, en especial el PSDB de Neves, que no habría aceptado la derrota en las últimas urnas.

"Existe una organización con sesgo golpista que se origina principalmente en los sectores de la burguesía y en la clase media alta", sostuvo el vicepresidente del PT, Alberto Cantalice, al aludir al "cacerolazo" registrado en varias ciudades el domingo durante la transmisión televisiva de un discurso de Rousseff.

En una reacción anticipada a la protesta, organizaciones sindicales, campesinas y estudiantiles programaron para este viernes una serie de actos "en defensa de la democracia y de la Petrobras", interpretados como una especie de "blindaje" para Rousseff.

De lograr la adhesión esperada por los organizadores, la manifestación del domingo podrá representar una nueva fuente de presión sobre Rousseff, quien enfrenta problemas múltiples desde que se inició su segundo mandato, en enero.

Según una encuesta reciente del Instituto Datafolha, el índice de aprobación popular al gobierno, que era del 44 por ciento en diciembre, cayó en febrero al 23 por ciento, el nivel más bajo en cuatro años.

La pérdida de popularidad se debe en parte al estancamiento económico y al aumento de la inflación, pero también al escándalo que involucra a la mayor empresa del país, la petrolera estatal Petrobras, que actualmente es investigada por el Ministerio Público.

Según la Fiscalía, una red de corrupción que operó en la empresa entre 2004 y 2012 desvió alrededor de 3 700 millones de dólares para pagar sobornos a funcionarios y para financiar partidos políticos.

Las investigaciones se ampliaron este mes para incluir a 47 políticos -casi todos oficialistas- sospechosos de nexos con el esquema ilegal.

La mandataria, por su parte, reaccionó con tranquilidad al anuncio de la jornada de protestas: "Hay que encarar con absoluta tranquilidad las manifestaciones en Brasil. Todas las personas tienen el derecho a manifestarse y a criticar a cualquiera". "Pueden manifestarse, deben manifestarse, esto forma parte del desarrollo del país y del perfeccionamiento de la ciudadanía. Pero que lo hagan sin violencia", agregó.

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