10 de enero de 2018 11:00

El bono cumple 20 años con el reto de proteger a los pobres

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Mariela Rosero
Coordinadora (I)
mrosero@elcomercio.com

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Si el Bono de Desarrollo Humano fuera un paraguas, se podría decir que ha protegido del mal clima a María Emiliana Alquinga y a su familia. Pero también que para este hogar, la ‘lluvia’ no ha cesado desde 1998, cuando se creó la medida.

En las faldas del Ilaló, en La Merced, valle de Los Chillos, al suroriente de Quito, vive esta mujer, de 49 años. No terminó la primaria. Y ninguno de sus hijos mayores (tres de siete) ha ingresado a la universidad o ha cursado el bachillerato.

La última, Melany, de 10, viste uno de esos calentadores grises que el Gobierno entrega en los planteles públicos. El jueves anterior, día de la entrevista, no acudió a clases. Que quiere ser costurera -contó-.

Sus hermanos mayores, Fernanda y William, de 27 y 24 años, empezaron a trabajar al terminar la escuela. Dejaron los estudios y solo él los retomó y se graduó de bachiller. Ellos y Andrea, de 22, se casaron y tienen un hijo cada uno.

“Les pido que se preparen, que sean más que yo”, recalca Fernanda, dedicada a elaborar pan, en horno de leña, desde niña. Al decirlo suspira y sus ojos se humedecen, con el dolor de quien dejó de lado algo y no lo supera. “He sido más que marido para mi mamá”, anota.

Descalza, María Emiliana baldea el piso de cemento de la casa de 3 x 6 metros, que el Ministerio de la Vivienda le dio en el 2010. Le pide a Jeimer, de 18, pasarle unos zapatos. Él dejó el colegio; casi no habla, pero dice que volverá a estudiar.

Hasta abril del 2017, en Quito había 40 076 beneficiarios del subsidio, de USD 50 como base. Actualmente, 412 365 personas reciben el bono y 95% son mujeres, la mayoría de 30 a 39 años (ver gráfico). Desde 2013 hay subsidios para adultos mayores y para quien tiene una discapacidad o su cuidador.

No hay datos de cuántas personas cobran el subsidio desde 1998, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Este apoyo es para quien tiene ingresos inferiores a USD 47,7 en su hogar, al mes.

Silvia Catagna educa a sus hijos de 17, 16 y 13. Levantó su casa sola.

Silvia Catagna educa a sus hijos de 17, 16 y 13. Levantó su casa sola.

El bono surgió en 1998 como medida temporal de emergencia contra la crisis. Lo apunta Carlos Larrea, investigador de la U. Andina. Pero no cree que pueda desaparecer. Se ha vuelto un programa social permanente, es una herramienta de redistribución social como Plan Familia, en Brasil.

Para él, la medida tiene una debilidad: deficiente focalización. Y menciona un estudio, que realizó en 2017, que concluye que la mitad de beneficiarios es realmente pobre por ingresos, y la otra mitad, de hogares no pobres. Así que, subraya, “la mitad de los pobres reales no recibe el bono”.

María Emiliana limpia una casa, cada tres semanas. Le pagan USD 15 por un día. Con eso y el bono mantiene a tres estudiantes de 15, 13 y 10 años.

En el 2017, la señora optó por un Crédito de Desarrollo Humano. Consiste en un adelanto del bono, que cobra en un año, para comprar una vaca y 10 gallinas. También siembra maíz.

“Es una vacona, ya está preñada. A los 4 o 5 años podré venderla como ganadito”, dice.

El 53% de quienes reciben el subsidio ha optado por un crédito al menos una vez. Eso según datos del MIES, que no dispone de un estudio de impacto de esa alternativa.

Silvia Catagna, de 34, también pidió el crédito. Compró cinco chanchos y pollos. Le sirvió tras convalecer de una cirugía de quistes en el ovario. Tiene tres hijos, de 17, 16 y 13 años. Cobra el subsidio desde hace al menos 15, calcula. En La Merced levantó su casa, hace un año y ocho meses. Paredes y piso aún no tienen más color que el gris del cemento.

“No escojo mi trabajo, con tal de que sea algo honrado”. Lo dice y enumera sus oficios: cuidadora de niños y adultos mayores, gracias a un curso de auxiliar de enfermería, y ayudante en casas. Aunque lleva meses buscando un empleo.

Silvia completó el ciclo básico, es decir se quedó a medias en el colegio. Espera que sus hijos la superen. Con el bono se busca ayudar a romper la llamada ‘trasmisión intergeneracional de la pobreza’, al asegurar a los hijos de estas familias, el acceso a la educación.

Los hijos de beneficiarios deben ir a clases. Cuando la condición no se cumple, hay una suspensión temporal de tres meses de la entrega del subsidio. Por ejemplo, en el 2017, el 65% de 22 971 hogares suspendidos justificó el hecho.

La ministra Berenice Cordero anunció que el ‘bono variable’, que se empieza a otorgar según el número y edades de los hijos, tendrá mayor acompañamiento, para lograr cambios culturales, y para que sus niños acudan a servicios de cuidado temprano y a clases.

Es parte de la misión ‘Menos pobreza, más desarrollo’. Defendió la transferencia como “herramienta de protección social para los más pobres”.

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