El relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, realizó hoy, 24 de agosto del 2016, una visita a Bolivia en la que recibió quejas del Ministerio de Comunicación y de periodistas que han sufrido acoso estatal.
La ministra de Comunicación, Marianela Paco, y el vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, entregaron a Lanza documentación de la tensa relación del Gobierno con varios medios de comunicación que son críticos a la gestión del presidente Evo Morales.
“Los funcionarios públicos tienen derecho a expresarse, opinar y refutar información que tienen que complementar o responder, pero lo tienen que hacer con cuidado, porque cada definición que hace un funcionario público es un señalamiento, entonces creemos que con declaraciones gruesas no se contribuye”, dijo Lanza.
Luego asistió a una mesa de diálogo en la Asociación de Periodistas de La Paz, donde se analizó la libertad de expresión en Bolivia, prevención y protección a periodistas en casos de amenazas, estigmatización, agresiones físicas o asesinatos.
“La libertad de expresión necesita un clima de tolerancia y respeto de ideas. Hay que construir sistemas de medios diversos y plurales donde puedan expresarse distintas líneas editoriales y también distintas concepciones”, agregó.
En su visita de trabajo a La Paz, Lanza se reunió con activistas de derechos humanos, periodistas y representantes de medios de comunicación bolivianos que han denunciado abusos, amenazas y amedrentamientos ante la CIDH y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Las organizaciones de prensa denunciaron sufrir acoso por parte de tribunales que les conminan a revelar fuentes de información, y lamentan que no se respeta la Ley de Imprenta, en vigor desde 1925.
La Asociación Nacional de la Prensa ha afirmado en varias ocasiones que no existe libertad de prensa en Bolivia, y aseveró que empresarios vinculados al Gobierno han comprado diarios, televisoras y emisoras de radio.
La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia alertó varias veces que el Gobierno de Morales proyecta realizar cambios en la Ley de Imprenta y anunció movilizaciones para defender la libertad de expresión.
El principal temor de los periodistas bolivianos es que sean enviados a la cárcel por tribunales de justicia. En la actualidad, jurados integrados por personalidades juzgan las faltas periodísticas sin determinar la pérdida de libertad.