15 de noviembre de 2014 20:47

Un orfanato fue allanado por caso de abuso sexual a un bebé en Bolivia

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Agencia DPA

La fiscalía boliviana allanó hoy (15 de noviembre de 2014) el orfanato Virgen de Fátima, ubicado al sur de La Paz, Bolivia, para investigar el abuso sexual de un menor de ocho meses que vivía en esas instalaciones, en las que pudo haberse cometido el crimen que el jueves pasado acabó con la vida del niño.

El operativo se realizó con la participación de la ministra boliviana de Justicia, Sandra Gutiérrez, que condenó el hecho y aseguró ante periodistas que el gobierno apoyará las investigaciones para dar con el responsable de la vejación.

La policía, que sospechaba que el abuso se produjo en el interior del orfanato público, detuvo ayer viernes a diez funcionarios, entre los que figuran seis médicos del Hospital del Niño de la ciudad de La Paz -la capital administrativa de Bolivia-, donde también se están realizando pericias.

"El presidente Evo Morales está consternado por la violación", declaró este sábado Karina Marconi, viceministra de Igualdad de Oportunidades, mientras que el defensor del Pueblo, Rolando Villena, exigió a las autoridades policiales y del Ministerio Público identificar al responsable del crimen. En el orfanato, administrado por la Gobernación de La Paz, viven 120 niños menores de tres años.

El pequeño que fue vejado estaba allí desde septiembre tras ser abandonado por sus padres alcohólicos, explicó el gobernador Cesar Cocarico.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la policía, conocidas a través de la prensa, el menor llegó al Hospital del Niño la madrugada del jueves con una afección cardíaca, pero no pudo ser ingresado en ese centro por falta de espacio. El pequeño fue llevado luego a otro centro médico donde falleció.

Para el lunes (17 de noviembre), organizaciones sociales han convocado una marcha de protesta para exigir que se esclarezca el caso, se identifique al responsable y se tomen medidas de prevención para evitar abusos sexuales en contra de menores.

La fiscalía ha pedido el encarcelamiento preventivo para los diez detenidos, luego de aprobar una imputación por el delito de infanticidio que tiene una pena de 30 años de presidio.

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