26 de noviembre de 2015 11:56

El bloque 15 ha dejado unos USD 15400 millones

En mayo del 2006, el Gobierno declaró la caducidad del contrato de la petrolera Oxy, que operaba el bloque 15. Foto: Archivo / El Comercio

En mayo del 2006, el Gobierno declaró la caducidad del contrato de la petrolera Oxy, que operaba el bloque 15. Foto: Archivo / El Comercio

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Alberto Araujo

A raíz del fallo internacional definitivo en el caso Occidental (Oxy) del 2 de noviembre pasado, diversos actores del país se preguntan cuánto ganó y perdió el Ecuador al declarar la caducidad del contrato de la petrolera estadounidense en mayo del 2006.

Hace dos semanas, un Comité de Anulación del Centro de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, condenó a pagar al Estado ecuatoriano USD 1 061,7 millones a favor de Occidental, fuera de intereses y costas judiciales.

Pocos días después, los principales actores de la caducidad, como el exministro de Energía Iván Rodríguez o el expresidente Alfredo Palacio -además de defender su decisión-lanzaron cifras respecto de los réditos que significó la reversión al Estado del bloque 15 y de los campos unificados Edén Yu­turi y Limoncocha, que la firma Occidental operaba antes de su salida.

Ellos indicaron que al país ingresaron más de USD
20 000 millones a raíz del hecho. No obstante, de acuerdo con cifras oficiales, este monto representa las ventas por el petróleo extraído de esos campos, mas no la utilidad neta que estaría en el orden de los USD 15 000 millones, entre el 2006 y el 2014, a lo cual habría que añadir el resultado de este año.

Este Diario pidió a Petroamazonas, desde hace dos semanas, el volumen de crudo de los campos que manejaba Oxy desde mayo del 2006, así como los costos de producción e inversiones, pero no tuvo respuesta. Sin embargo, la producción fiscalizada del bloque estuvo en el orden de los 286 millones de barriles entre el 2006 y el 2014, según datos de Petroamazonas, Petroecuador, Banco Central y Secretaría de Hidrocarburos.

Considerando el precio de exportación del crudo Napo (que se extrae de estos campos), los ingresos llegaron a USD 20 500 millones, pero al descontar gastos y costos dejó una utilidad para el Estado cercana a los USD 15 000 millones hasta el 2014.

La cifra, sin embargo, se incrementará hasta finales de este año en unos USD 400 millones, de acuerdo con las proyecciones de Petroamazonas contempladas en el Plan Operativo Anual actualizado a agosto del 2015. Este será el año de menor utilidad de estos campos por la caída de los precios del petróleo y la baja en la producción.

Info: Las cifras de los campos de la ex occidental.

El decano de Economía y Administración de la UDLA, Vicente Albornoz, coincide en términos generales con el cálculo. Los datos de la producción de los campos cuadran con los recogidos por el Observatorio de Energía y Minas de la UDLA.

Albornoz detalla que el análisis no está completo si no se considera cuánto habría percibido el Ecuador en el caso de no aplicar la caducidad a la Oxy.

De acuerdo con sus cálculos, Oxy hubiese entregado al Estado unos USD 7 000 millones, ya que su contrato contemplaba que el 25% del crudo vaya al Fisco. En ese tipo de contratos, el Estado no reembolsaba ningún valor a las petroleras por costos e inversiones. Pero además, Albornoz estima que habría pagado otros USD 2 500 millones por Impuesto a la Renta.

Además, lo anterior no considera que debido a la Ley 42, los ingresos extraordinarios por los altos precios del petróleo se debían repartir en partes iguales entre el Estado y la compañía, en el 2006.

Al final, el saldo a favor del Estado por la caducidad del contrato a la Oxy bordea los USD 5 500 millones, a lo que habría que restar el pago por la demanda arbitral más intereses.

Pero hay que considerar otros costos por fuera del contrato, señala Albornoz, como la baja de la producción de crudo que se registró en el resto de petroleras privadas, a raíz de la Ley 42 y la caducidad con la Oxy, lo cual dejó menos regalías al Estado. Pero además, la inversión extranjera se redujo en este sector, cuyo costo es complicado cuantificar.

En la misma línea, la paralización de las negociaciones comerciales con EE.UU. puede ser considerada como un costo. Cristian Espinosa, exjefe negociador del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., calificó a la caducidad del contrato con Oxy como el puntillazo final para suspender definitivamente las conversaciones sobre el acuerdo.

El primer factor para que los negociadores estadounidenses suspendieran las conversaciones fue la Ley 42, aprobada en enero del 2006, porque representaba una violación a la estabilidad de sus inversiones. Cuando se intentó retomar los diálogos, llegó la caducidad de la Oxy y con ello los negociadores de EE.UU. se levantaron definitivamente de la mesa, recuerda Espinosa.

En contraste, el procurador General del Estado, Diego García, dijo que son subjetivas las valoraciones si no se pueden cuantificar, e insistió en que la caducidad de Oxy se dio de conformidad con la Ley ecuatoriana. Esto significó importantes ingresos para el país.

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