14 de septiembre de 2017 00:00

Bloque de Alianza País, abierto a debatir propuesta de consulta popular

El bloque legislativo de AP se reunió el martes 12 de septiembre de 2017 en la noche para hablar de la consulta. Foto: Vicente Costales/EL COMERCIO

El bloque legislativo de AP se reunió el martes 12 de septiembre de 2017 en la noche para hablar de la consulta. Foto: Vicente Costales/EL COMERCIO

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Redacción Política

Los dos espacios pertenecen al mismo movimiento político: Alianza País (AP). En el Gobierno anterior actuaron de forma orgánica. Pero esta vez, las divergencias internas comienzan a aflorar entre el bloque legislativo y parte de la directiva nacional (AP).

Por ejemplo, con sus posiciones en torno a la posibilidad de cesar a las autoridades de control y fiscalización, en una consulta popular.

Tras una reunión que duró cerca de cinco horas (el martes 12 de septiembre de 2017), los legisladores mostraron su apertura para debatir que se pueda consultar a los ecuatorianos sobre el futuro del Fiscal, el Contralor, los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), jueces de la Corte Constitucional y demás entidades de control.

Daniel Mendoza, coordinador de la bancada de los aliados de AP, dijo que en ese escenario habría que tomar las previsiones necesarias, para que el país no quede “acéfalo”. Él considera que a la par se debe definir un mecanismo de selección, que sea transparente.

Esa posición se alinea con la del presidente Lenín Moreno, quien el lunes 11 pasado habló de convocar a una consulta para “lograr absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control”.

Pero la postura desentona con la que había defendido la facción crítica al Gobierno dentro de la directiva nacional de Alianza País.

Ahí resaltan figuras como su secretaria Ejecutiva, Gabriela Rivadeneira, sus vicepresidentes nacionales, Jorge Glas y Ricardo Patiño y la exsecretaria Doris Soliz. El 6 de septiembre pasado, Soliz advirtió que ese frente del oficialismo no estaba de acuerdo con cesar funciones a las autoridades de control.

Luego, comenzaron a hablar de convocar a una asamblea constituyente como contrapropuesta a la consulta del Ejecutivo. “El país requiere definiciones y si se está cuestionando la institucionalidad, el único camino es la Constituyente”, sostuvo Glas el sábado 9.

Pero los legisladores oficialistas han tomado distancia de ese discurso. Ahora están concentrados en elaborar propuestas para que el Ejecutivo las considere en la consulta popular. Ayer, 13 de septiembre, incluso, un grupo de sus representantes se reunió con el secretario encargado de la Política, Miguel Carvajal, para hablar sobre el proceso electoral.

De igual manera, el titular de la Legislatura, José Serrano, los dos vicepresidentes, Viviana Bonilla y Carlos Bergmann, así como los presidentes oficialistas de las comisiones, buscan un acercamiento con el presidente Moreno para hacerle llegar las propuestas y preocupaciones del bloque. Quisieran saber, por ejemplo, las propuestas de preguntas y si estas tendrán concordancia con las demandas que se han planteado en los últimos días desde la sociedad civil.

Los principales son la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que incluye el cese de las autoridades de control, y eliminar la reelección indefinida.

Sobre el Cpccs, el bloque legislativo y la dirección nacional de AP sí concuerdan. Ambos rechazan una posible eliminación del ente, pues dicen que se alteraría la estructura del Estado. Lo que aceptarían es analizar el funcionamiento, pero solo para reforzar a
la institución.

Tampoco están de acuerdo en eliminar la reelección indefinida. Lo ven como una regresión de derechos.

Marcela Aguiñaga afirmó que al haber sido parte de las enmiendas calificadas por la Corte Constitucional, ya no se la puede eliminar.

“Tenemos claro qué tipo de consulta no apoyaremos”, agregó Pabel Muñoz, legislador de Alianza País. “Estamos a favor de una consulta, hay que discutir qué temas se van a proponer, la pertinencia y tiempos de una iniciativa como esta”.

Las reacciones

Los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) enviarán cuatro preguntas al presidente Moreno, para que las tome en cuenta.

Julio César Trujillo, representante de la CNA, pidió al Jefe de Estado que dé paso el proceso de consulta, ayer por la mañana. Junto a él estuvo José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Él, en cambio, recordó que el 20 de septiembre habrá una marcha para hacer esa misma solicitud y que ahí confluirán todas las organizaciones que buscan una reforma institucional.

Una de las propuestas que entregará la CNA coincide con el cese de funciones de los miembros del Cpccs y que queden sin efecto todas las designaciones de autoridades que han hecho. También quieren que se apruebe la creación de una comisión ciudadana, designada por el Presidente de la República, para que prepare el régimen de transición para el funcionamiento de las instituciones cuyos titulares sean cesados.

El tercer tema es que todas las enmiendas constitucionales, aprobadas por la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, queden sin efecto. Y el último es sobre implementar una reparación integral a la ciudadanía, el Estado y la naturaleza, por los casos de corrupción, incluyendo la muerte civil de los culpables.

El alcalde Jaime Nebot se sumó al apoyo para cesar en funciones a las autoridades de control y designarlas de manera “democrática”. Y ayer por la tarde también se reunió un grupo de exconstituyentes y exfundadores de AP, para crear un nuevo espacio político y respaldar el proceso electoral. Hasta las 18:30 la cita se mantuvo a puerta cerrada.

El Ejecutivo

El presidente Lenín Moreno dijo en su enlace informativo del lunes 11 de septiembre que “realizar una consulta será siempre pensar en: mejorar nuestro sistema político para tener más democracia”.

Además, profundizar la participación ciudadana, lograr absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control y “fortalecer el equilibrio entre las funciones del Estado”.

Moreno negó que la iniciativa sea inconstitucional. “Nada más legítimo y constitucional que dirigir los destinos del país con el país”, advirtió. Saludó que se haya abierto el debate. Y pidió que los argumentos se expongan con fundamentos.

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