29 de abril de 2015 11:39

Blasco Peñaherrera acudió a Carondelet para apoyar la entrega de los fondos del Estado al IESS

Blasco Peñaherrera este miércoles 29 de abril en la ventanilla de Carondelet. Foto: Betty Beltrán

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Betty Beltrán

Un nuevo ingrediente se sumó a la tensión entre el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera Solah, y el presidente de la República, Rafael Correa.

A las 10:45 de este miércoles 29 de abril del 2015, Peñaherrera llegó al Centro Histórico de Quito. Al vuelo, sobre la calle García Moreno, se bajó de un auto y a paso ligero ingresó al Palacio de Carondelet. Su objetivo: entregar al presidente Correa una acción por supuesto incumplimiento de la Constitución.

En la ventanilla de recepción del Palacio de Gobierno no demoró ni cinco minutos. Allí recibieron su oficio. Al salir, Peñaherrera dijo que actuaba como ciudadano, para demandar que se cumpla con la entrega de los fondos para cubrir el fondo de pensiones de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Lo ha hecho, dijo el titular de la Cámara de Comercio de Quito, amparado en el artículo 52 de la Ley de Garantías Constitucionales, que faculta a los ciudadanos a exigir que los funcionarios cumplan con lo que establece la Constitución.

"Rafael Correa no ha cumplido. Pública y notoriamente y repetidamente ha dicho que no va a transferir los USD 1 100 millones que le corresponden al Seguro Social", reiteró Peñaherrera.

La visita fugaz a Carondelet se produce cuatro días después de que el presidente Correa señalara a Peñaherrera Solah como el presunto autor de los rumores sobre un falso feriado bancario. “Eso lo dijo un irresponsable, el Presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Y lo que está haciendo es irresponsable, es un delito”, dijo Correa en alusión a Peñaherrera, durante el último enlace sabatino.

El delito al que se refiere el Presidente está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como pánico financiero, sancionado con cinco a siete años de cárcel.

A inicios de semana, Peñaherrera respondió a esas acusaciones. Dijo que enjuiciaría al Presidente si este lo demanda por algo que no hizo. “Si me acusa de cometer un delito, sin ninguna prueba o fundamento, él está cometiendo un delito y por ello lo enjuiciaré”.

El titular de la Cámara de Comercio cuestiona la Ley de Justicia Laboral, validada el último 17 de abril por el presidente Correa y aprobada el 14 de abril por la Asamblea Nacional.

Entre otros puntos, la nueva norma establece que el Estado no aportará con el 40% para el pago de las pensiones jubilares.

Él se ampara en el artículo 371 de la Constitución, según el cual “las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado”.

La Carta Magna establece que los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada año en el Presupuesto General del Estado y serán transferidos de forma oportuna.

El presidente Correa tiene 60 días, contados desde este 29 de abril, para responder y luego de eso, aseveró Peñaherrera, de acuerdo con la respuesta que reciba, analizará el siguiente paso a seguir.

Antes de acudir a Carondelet, el representante de la Cámara solicitó la revocatoria del mandato de los asambleístas que aprobaron la Ley de Justicia Laboral, que recibió 91 votos a favor.

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