31 de julio de 2014 00:00

Pugna por el manejo de fondos privados

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Sebastián Angulo. Redactor

Hoy se realiza el primer debate en el Pleno de la Asamblea sobre un proyecto que busca pasar al Biess los recursos de fondos privados. Para ello, el proyecto preve reformar la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

El debate se mueve en torno a dos problemas: si el Estado debe intervenir sobre las aportaciones privadas y si estos fondos mantienen algún aporte por parte del Estado.

Mónica Ayala, que representa al fondo del Magisterio en Pichincha, señala que los fondos previsionales tienen naturaleza diferente y no se puede tratar a todos por igual. Por ejemplo, dice, existen fondos de cesantía, de jubilación o que cumplen ambas funciones.

Por ello, uno de los reparos que ayer hicieron 25 representantes de los fondos previsionales privados es que no se siguió con el procedimiento regular en la Asamblea para discutir sobre este proyecto de ley. “Los únicos representantes de fondos que acudieron a la Comisión fueron del Magisterio y del Consejo Provincial de Pichincha”, dijo Ayala.

Sin embargo, el debate de fondo de este proyecto de ley se centra en que si es legal que el Estado intervenga en fondos que han sido constituidos con aportaciones privadas.

El viernes pasado, asambleístas de la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social argumentaron que no solo cabía hacer una reforma para el FCME, sino que se debía hacer una revisión a todos los fondos complementarios previsionales cerrados del país, en los cuales exista alguna participación de recursos públicos.

Ante ello, Oswaldo Gavilánez, representante del Fondo de Cesantía de los Trabajadores de Petroecuador, señala que “el concepto fundamental es que todos los fondos son de carácter privado”.

“Ante esa situación, de que las aportaciones son de carácter privado, son los dueños de esos fondos quienes deben tomar una decisión de qué hacer con su dinero”, sostuvo.

Asambleístas de Alianza País argumentan que en algún momento el Estado aportó a estos fondos para su conformación, por lo que deben pasar a ser administrados por el Biess.

Pero la Ley de la Contraloría y de la Superintendencia de Bancos amparan para que estos fondos sean declarados como privados. “Estos fondos aunque hayan tenido un origen público, al pasar a un patrimonio autónomo son de carácter privado”, dijo Gavilánez.
Jack Veloz, representante del Fondo Complementario Previsional Cerrado del Banco Nacional de Fomento BNF, asegura que aportes que han recibido algunos fondos ya han sido consumidos.

Estos aportes, dice, se realizaron en sucres y con la dolarización se disminuyeron a la mínima expresión. “Ese dinero se ha destinado a ciertos partícipes, con nombres y apellidos, eso ha sido consumido en el pago de las prestaciones: jubilación o cesantía; muchos fondos ya no tenemos ni un centavo de participación pública”.

Fausto Cayambe, asambleísta de Alianza País, aseguró que según información de la Superintendencia de Bancos, 54 han recibido contribuciones del Estado. Sin embargo, se deberá hacer una auditoría para establecer con seguridad qué fondos pasarán a ser administrados por el Biess.

En caso de que se apruebe la enmienda, aseguró Cayambe, la Superintendencia tendrá 180 días para auditarlos.
El asambleísta de Creo, Andrés Páez, sostuvo ayer que entre el 15 y el 18% de todos los fondos tendrían aportes del Estado. “Estoy seguro que desde el punto de vista actuarial eso está determinado”, dice Páez.

Otro de los temores es que la Asamblea en algún momento pueda dictaminar que es ilegal mantener dos fondos en el IESS, así lo asegura Juan Carlos Ruales, miembro del Consejo de Administración del Fondo de la Dirección de Aviación Civil. Otra preocupación, dice Ruales, es que en algún momento el IESS pueda decir que no tienen liquidez y quieran pagarles con bonos del Estado.

Este proyecto se originó el 19 de mayo pasado. El asambleísta de Alianza País (AP) Hólger Chávez planteó el proyecto de Ley del FCME, con el cual pretendía transferir al Biess alrededor de USD 430 millones en activos acumulados en este fondo hasta junio pasado.

Con estas modificaciones se busca que 54 fondos que supuestamente han contado con aportes del Estado para su constitución o fortalecimiento pasen a ser administrados por el Biess. De por medio están USD 936 millones, la mayoría de ellos invertidos en créditos.

En primera instancia uedarían por fuera de la administración del Biess 10 fondos que no cuentan con ningún aporte estatal, según información preliminar de la Superintendencia de Bancos.

En contexto
El informe para primer debate, que se trata hoy en la Asamblea, tuvo ocho votos a favor y dos en contra. Del mismo oficialismo surgió el pedido para que en el segundo debate se difunda en cada provincia del país y con los representantes de todos los fondos.

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