14 de marzo de 2018 00:00

Bienes patrimoniales sin normativa única en Ecuador 

La casa y el hotel San Martín, en la ciudad de San Gabriel, fueron intervenidos. Foto: Francisco Espinoza para EL COMERCIO

La casa y el hotel San Martín, en la ciudad de San Gabriel, fueron intervenidos. Foto: Francisco Espinoza para EL COMERCIO

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Redacciones Sierra Norte, Cuenca y Sierra Centro  (I)

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Las centenarias casas de los centros históricos de Cuenca (Azuay) y de San Gabriel (Carchi) en buen estado reflejan la preocupación de propietarios y autoridades por cuidar su patrimonio.

Esa conservación pasará definitivamente en el 2018 a los municipios. Los cabildos tienen plazo hasta diciembre para elaborar las ordenanzas que les permitan asumir completamente la competencia en el tema­ de patrimonio cultural.

Según la Ley de Cultura, en febrero concluyó el tiempo del proceso para adoptar esa tarea, que se inició en el 2015.

La capital azuaya conserva gran parte de sus inmuebles en buen estado. Desde el 2016, la Dirección de Áreas Históricas del Municipio ejecuta el Plan de Reconstrucción y Restauración de inmuebles que estaban abandonados o deteriorados.

En este tiempo se han intervenido las casas Jesús Arriaga (Los Arcos), de La Lira, Palacios Abad, de Los Murales y el Centro Múltiple Municipal de El Cenáculo. También, los vitrales de la iglesia de San Alfonso y obras en la iglesia de San Blas, explica Pablo Barzallo, titular de Áreas Históricas.

La intervención en la mayor parte de estos inmuebles está casi terminada. La inversión del plan alcanza los USD 6 millones.

En San Gabriel, el Municipio precautela sus edificaciones con valor histórico y arquitectónico mediante la Ordenanza de Protección. La normativa ofrece cobertura a 400 inmuebles históricos inventariados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

El encanto de sus casas, de paredes anchas de adobe y techos de teja, se evidencia en inmuebles como la Casa de las Siete Puertas, Casa Cultural Cuasmal, Casa Museo y Casona Municipal y otras edificaciones que despertaron el interés ciudadano, que ve en el patrimonio una oportunidad para promover el turismo.

Es un logro que se alcanzó gracias al trabajo coordinado de los vecinos y del Cabildo, señala Belén Delgado, titular de la Dirección de Patrimonio del Municipio de Montúfar.

El Cabildo recibió 600 000 euros del País Vasco, y ayuda del INPC y del PNUD.

En ciudades como Riobamba (Chimborazo) se hacen esfuerzos por mantener y recuperar los inmuebles patrimoniales. El Municipio envía cada día, en promedio, 30 notificaciones a propietarios de construcciones deterioradas.

“Empezamos la enajenación de bienes para garantizar la preservación del patrimonio. Esto permite que la casa entre a subasta y sea adquirida por alguien verdaderamente interesado en restaurarla”, asegura Diego Villacís, de la Unidad de Patrimonio, del Cabildo.

En Ibarra (Imbabura), los inmuebles del centro histórico se caen a pedazos. Eso movilizó a un grupo de ciudadanos a formar la Junta de Rescate ­Patrimonial, para intentar salvar ese tesoro.

En 1999, el INPC inventarió y declaró Patrimonio Cultural a 210 inmuebles, 100 conjuntos urbanos (manzanas) y siete equipamientos urbanos de la capital imbabureña. Muchos de ellos ya no están.

Mientras esto sucede, los municipios trabajan contrarreloj en las ordenanzas.

“Era imposible cumplir los tiempos, porque las normas en el tema cultural cambiaron y se reformó la resolución en la que se entregaba la competencia a los municipios”. Así explica Magdalena Álvarez, técnica de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).

Esta institución, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el INPC asesoran a los cabildos sobre esta competencia.

Ahora se trabaja en la elaboración de una ordenanza, con un modelo propuesto por la AME. Unos 190 de los 221 cabildos del país se alistan para la tarea, que deben estar concluida este año, para acceder a recursos para sus proyectos.

En contexto

Los municipios del país elaboran las normativas legales para asumir todas las competencias del pa­trimonio cultural. La falta de una política institucional ha originado que el patrimonio edificado se mantenga en unas urbes
y esté en riesgo en otras.

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