La casa de Carlos Pareja, en Samborondón, está incautada desde hace un año. Foto: Archivo Enrique Pesantes / EL COMERCIO
La trama de corrupción del caso Petroecuador deja hasta el momento USD 30,5 millones en perjuicio para el Estado. Así lo estableció la Procuraduría General en su último informe.
Los allanamientos y las órdenes de incautación emitidas han permitido que se decomisen 26 bienes entre terrenos, casas y vehículos. Pero también se han incautado de USD 3,1 millones en efectivo y en cuentas bancarias.
En el caso de las propiedades, estas se encuentran actualmente en poder del Servicio de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar). De entre los bienes incautados, el Estado no ha podido recuperar ningún valor monetario. Esto se debe a que el trabajo de Inmobiliar se limita a la custodia y administración de las propiedades, pero los legítimos dueños siguen siendo los procesados.
Solo a través de una sentencia de última instancia, el Estado puede disponer de estas.
Según Inmobiliar, es “competencia” de los jueces decidir si los bienes se restituyen o pasan a ser parte del erario público nacional.
Entre los bienes que se habían incautado constaba una casa que ya fue devuelta. Esto ocurrió porque dos meses antes del decomiso sus propietarios, Ramiro Luque y Glenda Meza, habían comenzado los trámites para donar la propiedad a su hijo menor de edad.
El traspaso se concretó el 27 de septiembre del 2016 y dos semanas después se produjo la acción judicial. Por eso, los abogados comenzaron un litigio y recuperaron la vivienda.
Luque y Meza eran contratistas petroleros a través de su empresa Galileo Energy.
Ahora, ambos son investigados por un presunto delito de cohecho y están prófugos.
En el 2015, ellos habían comprado un inmueble de 1 090 metros cuadrados cuyo avalúo en el Registro de la Propiedad era de USD 340 542.
La casa contaba con dormitorios, piscina, dos salas de estar, dos salas de juegos, estudios, jardín, área BBQ, etc.
Actualmente, una vivienda de similares características y dentro de la misma urbanización se comercializa sobre los USD 850 000, según datos de empresas inmobiliarias.
Entre los bienes decomisados también están los de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador y procesado por corrupción. Para Diego Velasco, abogado de este exejecutivo, lo que hasta ahora existen son multas establecidas por los jueces en contra de los procesados y los bienes funcionan como una garantía de pago.
Por ejemplo, en el juicio de cohecho, un tribunal penal determinó que los sospechosos, entre estos su cliente, debían pagar USD 25 millones al Estado. Pero eso no se ha concretado. “Se lo hará cuando el juicio haya concluido, pero ahí se abre otro proceso de coactiva, mientras tanto los bienes son de sus dueños”, explica.
Un reporte de Inmobiliar detalla que en el juicio de cohecho están incautados vehículos de alta gama como un BMW híbrido, avaluado en el 2016 en USD 54 992; hay una camioneta Ford, del 2015, valorada en 54 897. Además, en la lista constan un camión Hino, una moto Honda, etc.
Asimismo, entre los inmuebles incautados están ocho casas, tres terrenos, dos departamentos y cinco oficinas.
Una de las viviendas es la de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, identificado por la Fiscalía como uno de los posibles cabecillas del entramado de corrupción en la estatal petrolera.
La vivienda, construida por un proveedor de la Refinería de Esmeraldas, es también administrada por Inmobiliar.
Se trata de una lujosa propiedad ubicada en Samborondón, afuera de Guayaquil, y edificada sobre un terreno de 886 metros cuadrados, que incluyen piscina y jardines.
Además de los inmuebles, la Fiscalía informó en agosto pasado sobre el congelamiento de cuentas bancarias en Panamá. Una pertenece a Carlos Pareja.
En su única versión hecha pública, en octubre pasado, él aseguró que la apertura de esa cuenta fue solamente una “novelería” y que no había podido disponer del dinero antes de que estallara el caso.
Este martes, 7 de noviembre, Pareja Yannuzzelli tiene previsto rendir una versión ampliada sobre los hechos de corrupción petrolera. Esta diligencia la dirigirá el fiscal Fabián Salazar, en la cárcel de Latacunga, en donde Pareja cumple dos condenas de cinco y seis años. La primera es por cohecho y la otra por asociación ilícita.
Desde septiembre, el exdirectivo tiene un acuerdo de cooperación con la Fiscalía para suministrar datos verídicos sobre el entramado. Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía ha calificado de “ineficaz”, la información proporcionada.
En contexto
En el tercer juicio desarrollado la semana pasada, la Fiscalía acusó a Pareja Yannuzzelli como autor de peculado. La audiencia fue suspendida y está previsto que en los próximos días se reanude la diligencia. Solamente Pareja está encausado en cuatro juicios.