Cordero fue consultora de Unicef y subsecretaria de Desarrollo Infantil en el gobierno anterior. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Entrevista a Lourdes Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social.
¿Cuál fue la razón para que el Gobierno incluyera en la consulta la necesidad de que los delitos relacionados con el abuso a los niños no prescriban?
Yo creo que hay una escucha interesante por parte del Ejecutivo respecto de los últimos hechos que fueron de dominio público y que afectaron los intereses de los niños. Pero también se dio porque el Relator de Naciones Unidas, que trabaja en temas relacionados con la violencia y los casos de lesa humanidad, recomendó a los Estados en el 2016 equiparar este tipo de delitos graves con los crímenes de lesa humanidad.
¿Por qué es importante la no prescripción de estos delitos en contra de niños?
La Encuesta Nacional de Violencia de Género y Relaciones Familiares, que el INEC presentó el 2012, indica que una de cada seis mujeres en general sufre violencia en el país a lo largo de su vida. Pero una de cada 10 de esas mujeres sufrió algún tipo de violencia sexual siendo menor de edad. El hecho es que solo el 37% de las víctimas avisó.
¿Eso qué significa?
Que el resto nunca lo dijo o simplemente lo hizo muy tarde. Es decir, la víctima requiere un proceso, un tiempo para poder denunciar y es necesario que tenga ese derecho al tiempo. Y, por lo tanto, la idea es que el delito no prescriba.
Pero, ¿la imprescriptibilidad del delito garantiza que esas acciones se sancionen? Hay que considerar que con el pasar de los años las pruebas de los hechos pueden desaparecer.
La mayoría de estos abusos sexuales se perpetra en el entorno familiar y construir la prueba en ese ambiente es difícil. Es por eso mismo que la imprescriptibilidad es necesaria, porque hay que edificar esa prueba y eso requiere tiempo. La víctima debe estar preparada para encarar al agresor, que normalmente es una persona que goza de su estima, cariño, confianza y que, principalmente, los afectados esperaban que les den seguridad. Por eso es la complejidad de la materia penal.
Es decir, ¿la Justicia tiene un reto en la aplicación de esta nueva figura?
Claro. Tenemos un reto en materia penal, tampoco es fácil denunciar pues, como lo dije, estos delitos se cometen en el entorno familiar y es mucho más complicado. Por eso, en la posconsulta el país tiene que concretar un cambio cultural y vamos a trabajar para eso ocurra.
¿Qué se necesita?
Celeridad. En materia judicial sí me preocupa, porque el país ha hecho una gran inversión en el sector de justicia en estos años, pero creo que tal vez se requiere la inversión en los mecanismos de atención a las víctimas. Es absolutamente indispensable que en el país la víctima obtenga justicia y, para eso, el perpetrador, el que hizo daño, debe tener una respuesta dura por parte de la sociedad para que esto no se repita.
¿Eso no ocurría antes?
El derecho penal ecuatoriano ha avanzado. Hay una mirada sobre esto y, por eso, son importantes los avances que se hicieron en el COIP. Fíjese que en el 2005, cuando yo trabajaba estos temas, no estaban tipificados los delitos como abuso sexual, la pornografía infantil, la explotación sexual de menores, la trata. Lo único que había era el estupro y corrupción de menores. Yo me imagino que a partir de este concepto de la imprescriptibilidad hay que hacer un conjunto de reformas en materia penal. Seguramente habrá tipos penales que se deben volver a discutir.
Usted mencionó que la mayoría de casos se perpetra en el ámbito familiar. ¿El MIES no ha tenido alguna responsabilidad para evitar esos abusos?
Bueno, yo creo que tal vez no se hizo lo suficiente. Creo que el MIES tiene que volver a trabajar con los temas críticos relacionados con la protección especial de los grupos prioritarios. Es el ente rector y debe recuperar esa autoridad. Necesitamos conectar la Ley de Violencia y el Código de la Niñez. También se deben nuevamente montar los sistemas locales de protección de derechos. Se requiere capacitar a los operadores. En el país existen muy pocos psicólogos clínicos con una especialidad en delitos sexuales infantiles.
Durante su gestión, ¿qué se ha emprendido?
Apenas tengo seis semanas, pero una de las primeras cosas que hicimos fue lanzar un programa que se llama Escuelas de Familia. En esta iniciativa, las educadoras capacitan a las familias en temas de la violencia sexual: cómo prevenir, cómo distinguir el abuso, qué síntomas tienen el padre, la madre. Los patrones de crianza tienen que basarse mucho en la escucha, en la comprensión, en el afecto y justamente uno de los problemas es que a los niños no les creen. El principio base es creerle al niño y darle una protección.
El cuidado implica que el menor debe estar en un entorno de seguridad. También emitimos el Acuerdo 006, que establece los lineamientos para la denuncia, atención y tratamiento de delitos sexuales para las personas que son atendidas en el MIES.
¿Qué más requiere el país para enfrentar el abuso a niños y adolescentes?
En materia de posconsulta nosotros debemos tener una data oficial, para eso necesitamos un diálogo claro con el INEC. La encuesta de abuso sexual en el Ecuador es del 2009. Estas violencias hay que investigar en el ámbito de la familia, de las escuelas y en el espacio público. Esto es muy importante para enfrentar la violencia intrafamiliar. De esta forma garantizamos que los niños crezcan sin riesgos.
Formación
Estudió Historia en la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador.
Experiencia laboral
Fue consultora de Unicef y subsecretaria de Desarrollo Infantil en el gobierno anterior. También ha trabajado en el Consejo Nacional de Menores.