La historia de este sector se inició cuando cerca de 600 familias decidieron invadir un terreno baldío cercano al Mercado Mayorista. Sin embargo, la apropiación ilegal no tuvo éxito.
Los ciudadanos fueron desalojados por la Policía. Pero en lugar de resistir y de tomar otras acciones decidieron encontrar otro mecanismo para lograr, por una vía legal, su derecho a un espacio propio donde vivir dignamente. En agosto de 1991, formaron una asociación dividida en 10 cooperativas en función de los sitios de donde provenían, como la Ferroviaria, La Colmena, La Argelia o El Carmen.
Pero poco a poco más familias se unieron a este plan hasta sumar 1 200. Con la maquinaria, unos técnicos y un poco de materiales comenzaron la gran minga. Pero los vecinos no se conformaron con la legalización del barrio sino que se dedicaron a la creación de campos de acción como educación, salud y producción.
Así se encargaron de convertir a las caballerizas de la hacienda donde se levanta la Villa Solidaridad en una escuela para sus hijos. También tienen un dispensario médico, obstetricia y farmacia. Además, cuentan con un comedor. Solidaridad les ayudó a forjar un espacio digno para vivir.
Los medios privados han mostrado los grandes escándalos
Entrevista a Pablo Jurado, ex alcalde de Ibarra y periodista
Redacción Política
¿Hay libertad de expresión en el Ecuador?
En los tratados internacionales y en la actual Constitución Política se establece con claridad el derecho que tienen los pueblos y las personas de defender y ejercer la libertad de expresión. Todavía la hay en el país.
¿Por qué esta aquí?
Su experiencia. Desde muy joven se vinculó con la ID. Presidió la organización Juventudes de Imbabura. Ganó las elecciones para concejal y luego para Alcalde de Ibarra en el período 2005-2009. Es periodista profesional y trabajó para radio Activa y en los periódicos locales El Norte y La Hora.
¿El proyecto de Ley de Comunicación podría convertirse en una ley mordaza?
El modelo de Gobierno actual deja entrever que tiene que controlar a los medios de comunicación, especialmente a los grandes. No así a los pequeños que no tienen, entre comillas, incidencia en el país. Es importante acoger las sugerencias de los dueños, trabajadores y usuarios de los medios para llegar a un entendimiento. Esto, con el fin de que no se violen los derechos de las audiencias, las empresas mediáticas y del profesional.
¿Los medios de comunicación cumplen con su responsabilidad social?
No todos los hacen. Los análisis de contenidos lo prueban. Muchos se han transformado en medios de supervivencia para determinadas familias. Eso sí se debe regular, para que cumplan con la responsabilidad social.
Usted ha estado en los dos lados del proceso comunicativo como periodista y autoridad municipal. ¿Cómo confrontó esto y qué experiencias le dejó?
En nuestra formación universitaria se nos hizo creer que la comunicación era el cuarto poder del Estado. Pero al salir de las aulas y enfrentar la realidad se comprende que las cosas no son así. Necesariamente, hay que cumplir un código de ética para no afectar la dignidad de los demás y mantener la objetividad y la precisión. Como autoridad tuve la oportunidad de hacer lo que uno criticaba como periodista. El profesional mediático es sensible y el político debe también serlo para entender la necesidad de la gente e interpretarla.
¿Qué tan independientes son los medios que están en poder del Gobierno?
Grandes escándalos se han difundido gracias a los medios privados. Los estatales siempre, les guste o no, van a defender los intereses del Gobierno de turno. En ese caso, muchas verdades no se podrán decir ni aclarar.
¿Es preciso llegar a clausurar un medio de comunicación como ocurrió con Teleamazonas? ¿Cuál es el mensaje de fondo?
Alertar a los medios de comunicación que no coinciden en la mayor parte con el estilo del Gobierno. Hay una advertencia de fondo. Si se clausura a una empresa grande ¿qué podrá ocurrir con un medio pequeño? Y no solo los medios deberían preocuparse, también las agrupaciones sociales. Se cometió un extremo y los extremismos son destructivos. Me preocupa la imagen que se está dando al mundo, a los inversionistas. Se está atacando a la empresa privada, un motor de la economía del país.
Las radios, periódicos y canales de televisión en manos del Estado ¿deben salir a la venta lo más pronto posible?
Se lo debió hacer hace mucho tiempo o buscar mecanismos adecuados para que no haya esa sola direccionalidad en la emisión de sus contenidos y noticias. Mucha gente ya no sintoniza esos canales del Estado porque no hay crítica, no hay opinión ni orientación. Son actitudes muy sumisas al poder del momento. Eso no le hace ningún favor a la democracia. Eso ocurre en Venezuela y Cuba. La democracia es el espacio donde podemos disentir.
¿El periodismo debe ser ejercido solo por profesionales de academia?
La Ley del Ejercicio Profesional siempre la vimos como muy débil porque se decía que fue realizada por los propietarios de los medios para protegerse. Considero que es importante la capacitación y profesionalización. La prensa debe estar en manos de los periodistas profesionales. Debe haber, por supuesto, especialización.
¿Qué le espera a la investigación periodística con el actual proyecto de ley cuyo acuerdo político tambalea en la Legislatura?
Desgraciadamente, allá es donde ciertos gobiernos quieren ir: que no se haga investigación periodística. Los políticos deberían agradecer a los medios porque le ayudan a ver lo que uno no puede percibir desde el poder. Las enmiendas y correctivos son necesarios.
¿La agrupación de medios regionales, para visibilizar una provincia, ha sido una realidad en Imbabura y en otras provincias?
No. Desgraciadamente, la concesión de frecuencias no ha sido muy transparente. Mucha gente piensa y cree que para tener una radio se requieren cientos de miles de dólares cuando se trata de una cobertura provincial. Aspiramos como comunidad a que se transparente ese sistema de concesión de frecuencias. Esto con la idea de que los medios cumplan su papel: educación, entretenimiento y orientación.