3 de agosto de 2015 21:13

Redes de extorsión operaban desde el interior de cinco cárceles

El pasado 10 de julio, el viceministro de Seguridad Interna, Diego Fuentes (C), informó que una banda dedicada, supuestamente a la extorsión operaba en dos centros de reclusión. Foto: Cortesía Ministerio del Interior.

El pasado 10 de julio, el viceministro de Seguridad Interna, Diego Fuentes (C), informó que una banda dedicada, supuestamente a la extorsión operaba en dos centros de reclusión. Foto: Cortesía Ministerio del Interior.

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Sara Ortiz

La seguridad es rigurosa. Para ingresar al Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Cotopaxi hay que pasar varios filtros: el cacheo de los guías, los escáneres para detectar metales y objetos ocultos en el interior del cuerpo. Además, el rastreo de los perros amaestrados.

Y en el caso de las mujeres se les pide realizar seis sentadillas, estar semidesnudas, abrir las piernas y llevarse los dedos a los genitales. Todo esto, ante la mirada de una agente penitenciaria que vigila para que no ingrese nada irregular a las celdas. Solamente después de pasar esos controles se puede ingresar a este centro que opera en Latacunga.

A pesar de estas medidas, hace menos de un mes fue descubierta y desmantelada una red de extorsión que operaba desde este lugar y desde Quevedo.

Todo se hacía a través de llamadas por celulares. Cuatro internos fueron señalados, porque aparentemente tenían acceso a los teléfonos.

Según las investigaciones, amenazaban a los detenidos que ingresaban por primera vez, analizaban a sus visitas y si notaban que tenían dinero los extorsionaban.

Tres reclusos se dedicaban a intimidar a los nuevos aprehendidos y el cabecilla supuestamente llamaba a los familiares y pedía que le hicieran giros de entre USD 100 y USD 150 diarios a nombre de terceras personas. Si no lo hacían amenazaban con atentar contra la vida del pariente apresado.

Una de las víctimas de esta extorsión fue un padre de familia que hace pocas semanas recuperó la libertad. A cambio de no revelar su nombre explicó que el 2014 ingresó al CRS de Latacunga.

Después de un mes de estar allí, dos internos empezaron a molestarlo. “Me dijeron que hasta aquí había comido gratis y que me había bañado y dormido tranquilo. Ahora tenía que pagar”.

Casos como estos fueron indagados para desarticular la red delictiva. Pero los casos no solo ocurren en Cotopaxi, sino que se ha detectado en cinco cárceles del Guayas, Los Ríos, Manabí. En otras, las bandas han buscado la forma de ingresar narcóticos y dinero.

Este dato lo reconoció el viceministro del Interior, Diego Fuentes, cuando anunció que una banda supuestamente dedicada a la extorsión operaba en dos centros de reclusión. Y señaló que por los controles se ha reducido en un 90% el ingreso de objetos prohibidos.

El 25 de julio pasado, este Diario habló con internos del Centro de Rehabilitación de Latacunga. En uno de los pabellones hay personas que, de alguna forma, lograron adquirir los móviles. Existen dos formas para ingresar los objetos, concluye un informe de la Policía.

infografía extorsión

La primera es mediante los allegados, en una modalidad llamada ‘mulas’. Es decir, escondido en su ropa o interior de sus cuerpos. Si la persona es atrapada enfrentaría una condena de tres años de prisión, según el Código Penal.

Otra vía es intentar corromper la vigilancia de los agentes penitenciarios. Esto también se describe en los informes policiales del último operativo Máster. Ingresar un celular cuesta de USD 300 a USD 600 dependiendo del modelo. Eso lo saben los policías que investigan casos de extorsión desde las cárceles.

Los aparatos más caros son los que tienen conexión a Internet, según dos internos que también hablaron.

Informes oficiales señalan que unos lo usan para conversar con sus familias, otros para manejar a los miembros de sus bandas, concretar asaltos, ordenar seguimientos y vigilancia a las víctimas.

El 2 de julio, la Unase realizó un operativo en los centros de El Rodeo y de Jipijapa (Manabí). El objetivo fue localizar a dos reclusos que supuestamente lideraban una banda dedicada a la extorsión.

Pero la investigación reveló que cinco de los 10 capturados eran agentes penitenciarios.

Ellos, aparentemente, proveían celulares y dispositivos electrónicos a los cabecillas de mafias para que se comunicaran desde las celdas.

A través de llamadas telefónicas, los internos ordenaban a la banda que robara vehículos en Manabí y documentos personales de sus víctimas. Desde la cárcel, el cabecilla contactaba con el dueño del carro y pedía hasta USD 2 500 para devolverlo. Si pagaban abandonaban el vehículo en una zona alejada. Si no, ordenaba quemarlo.

Otro supuesto caso de extorsión carcelaria fue descubierto la semana pasada en el CRS de Guayas. Esta vez, los sospechosos eran 8 guías penitenciarios.

Los familiares de los internos denunciaron que ellos les habrían amenazado y exigido dinero a cambio de darles servicios que son gratuitos. Los cobros serían entre USD 10 y USD 100 por acceder a consultas jurídicas, atenerse en policlínico, participar en cursos académicos, etc.

Para la viceministra de Justicia, Carla Benítez, los guías realizan un trabajo “difícil”, pero “eso no significa que todos sean corruptos”. Calificó como “excepciones” las supuestas actividades ilícitas. “No vamos a tolerar ningún tipo de corrupción dentro de los CRS”.

El martes pasado, otro guía también fue aprehendido en el CRS de Quevedo (Los Ríos). El hombre, de 39 años, intentó ingresar un celular en el bolsillo de su uniforme, en donde se exhibía el sello del Ministerio de Justicia.

Esta entidad ha invertido más de USD 200 millones en la construcción de las tres cárceles regionales, en Cotopaxi, Guayas y Azuay.

Para evitar esas “redes de corrupción”, los complejos fueron dotados con cámaras, detectores de metales y armas, incluso inhibidores de señal de celulares. Las celdas fueron diseñadas sin enchufes, para evitar conectar los equipos.

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