23 de marzo de 2015 22:10

El Banco Central ganó demanda a los hermanos Ortega Trujillo

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Redacción Negocios

El Consejo Privado de la Corte de la Reina (Londres) le dio la razón al Estado ecuatoriano en su demanda contra el grupo Conticorp y los hermanos Luis, Leonidas y Jaime Ortega Trujillo a quienes condenó a pagar USD 191,9 millones por indemnización de daños más intereses y costas.

El fallo se dio a conocer este lunes 23 de marzo del 2015 mediante un comunicado emitido por la Procuraduría General del Estado.

El juicio, iniciado por el Banco Central del Ecuador (BCE) hace 19 años buscaba la recuperación de los valores que esta entidad concedió al Banco Continental (del grupo financiero Conticorp) como préstamos de liquidez que según el BCE fueron desviados a otras compañías del Grupo y reemplazados por activos sin valor.

De acuerdo con las denuncias de quien en ese entonces era gerente del BCE en 1996, Augusto de la Torre, los créditos que el Central le otorgó al Banco Continental se registraron en una administradora de fondos en las Bahamas Interamerican Assets Management Fund (IAMF).

En el 2010, el juez Neville Adderley, de la Corte Suprema de las Bahamas (en donde se domicilió el grupo financiero), no acogió el pedido de pago por USD 150 millones que exigió inicialmente el BCE a los hermanos Ortega, expropietarios del Banco Continental.

Luego de esta decisión, el Estado ecuatoriano apeló ante el Consejo Privado de Londres, que es el tribunal de última instancia de las acciones procedentes de países de la Commonwealth, como las Bahamas.

El Estado volverá a las Cortes de las Bahamas para la liquidación final del monto que los hermanos Ortega deberán pagar al Ecuador.

En Ecuador, la familia Ortega Trujillo maneja un conglomerado de al menos 82 compañías, entre ellas: Terrabienes, Anglo Automotriz y Ecuafontes, que fueron intervenidas en enero de este año por la Superintendencia de Compañías debido a deudas en el mercado bursátil.

En el caso puntual de Terrabienes, la inmobiliaria además está siendo investigada por la Fiscalía del Guayas debido a las denuncias de estafa de los clientes de la firma que no han recibido sus viviendas en el plazo convenido.

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