22 de December de 2009 00:00

Banca pública

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Walter Spurrier Baquerizo

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En la economía política de Rafael Correa prima el rescate del papel del Estado, minimizado por el “neoliberalismo”. Mensaje que suena a música celestial en muchos oídos y es parte integral de la amplia aceptación de la que goza.

Los propulsores de un papel secundario del Estado en la economía argumentan que las entidades económicas estatales se politizan, les falta motivación para ser eficientes ya que el dueño del dinero -el pueblo- no tiene cómo pedirles cuentas; en suma, pierden plata. La experiencia ecuatoriana abona a esa tesis.

El desafío del Gobierno de Alianza País es construir un Estado eficiente, que invierta bien los fondos que les entregamos los contribuyentes, que conjugue la productividad y rendición de cuentas características de la empresa y el cumplimiento de objetivos sociales, como reducir la pobreza.

El peligro es que los nuevos y fortalecidos entes pasen a ser colmenas de zánganos sin obreras; a ser instrumento de objetivos electoralistas; a perder dinero y requerir capitalización tras capitalización.

En resumen, si el sector público revitalizado cumple con sus objetivos, el nuevo régimen de economía mixta se reivindicaría y perduraría. Si se repiten las taras del pasado, el “neoliberalismo” llegará con fuerza.

No digo “volverá”, porque nunca estuvo, precisamente porque incluso funcionarios de los supuestos gobiernos privatizadores lo resistieron.

Los acontecimientos de las últimas semanas con respecto a la banca pública abonan a la tesis que se retorna a los errores del pasado.
A los “neoliberales” se les atribuyó el deseo de hacer desaparecer al Banco Central. Pues el que lo desaparece es  la revolución ciudadana. Se lo convierte en dependencia del Ministerio Coordinador de la Política Económica, por el crimen de querer establecer condiciones, que pondría todo banquero, para desembolsar enormes sumas de dinero.

Entiendo el criterio que no haya un Central autónomo, que ande por un carril contrario al de la política económica. Pero el Central debe tener la suficiente autoridad para manejar con responsabilidad los fondos  asignados.

Ahora hay un nuevo banco público: el Banco del Afiliado. Su mandato es invertir nuestro dinero conjugando la prudencia con la rentabilidad, conceptos contrarios aunque no contradictorios. De ello depende la jubilación de quienes hoy trabajan y aportan con más del 20% del costo directo que sufragan los patronos.

¿Permitirá el Presidente la institucionalización de este banco o  lo conminará a entregar sus fondos al Gobierno a tasas ínfimas, para subsidiar programas de interés político? ¿Se repetirá con los fondos del Banco del Afiliado lo que se hace con la reserva monetaria? ¿Tendremos un sector público institucionalizado o personalizado?

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