24 de June de 2009 00:00

La banca pública pide un trato preferencial

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Redacción Negocios

Cinco entidades financieras públicas demandan un tratamiento especial. No quieren ser reguladas con la  misma normativa  de la   banca privada. 

A través de un proyecto de reformas a la Ley de Instituciones Financieras, plantean que la ‘Súper’  de Bancos  (SBS) les reconozca como banca de desarrollo.  

Lo anterior implica que  no se aplique al   “100% los principios de Basilea, que rigen  para la  supervisión del riesgo de crédito”.
 
El Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Corporación Financiera Nacional (CFN)  argumentan  que es  muy exigente las categorías de riesgo y las provisiones que deben aplicar a sus  operaciones.

Esto se refiere a que si  un crédito está al día tiene  calificación A, pero si cae en mora en  un plazo fijado para cada    tipo de crédito por la Superintendencia, la calificación puede bajar a B,C, D y   E.

De acuerdo con estas calificaciones están obligados a realizar provisiones, que no es más que una reserva en caso de no pago.
 
Ambas entidades señalan que se debe tomar en cuenta el tipo de cliente al que atienden -en su mayoría son   pequeños y medianos productores (70%)-, los cuales incurren en demoras en el pago.

Esto, según dicen, se da porque sus cultivos están expuestos a fenómenos climáticos, plagas y en ciertas épocas sus precios bajan por sobreoferta, contrabando y no generan el suficiente ingreso.

Debido a estos problemas se genera una cartera de crédito vencida, la cual sube de un año a otro por intereses de mora y en algunos casos llega a ser incobrable.

 Sin embargo, este pedido de flexibilización de la norma no es  bien visto. El experto en temas financieros, Rodrigo Espinosa, es enfático al decir que la banca pública  más exitosa  es la que se maneja como entidad privada.
 
Cita como  ejemplos  a los bancos de Desarrollo y  del Estado de Chile, a los cuales los  identifica  como  de los mejores en entregar microcrédito, pese a que manejan altas provisiones.
  
El Banco de la Vivienda (BEV), en cambio, sostiene que los aspirantes a comprar vivienda son beneficiarios del bono y no cumplen con los requisitos básicos para su calificación de crédito.

“...No presentan una estabilidad laboral, no mantienen un nivel de ingresos regular, no presentan referencias comerciales aceptables, etc”. Esta situación es similar a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, que reciben microcrédito del BNF.
Sin embargo, Espinosa   explica que las provisiones son una forma de controlar el riesgo en una operación crediticia. 

“En períodos de  expansión es conveniente aumentar las provisiones para enfrentar los problemas que se presentan en crisis”.  A esto se conoce  como provisiones anticíclicas, concluye.

Por su parte, el Banco Central considera adecuado que la banca pública reporte en cuentas separadas de las instituciones privadas sus operaciones de crédito.

Esto ayudaría a que no se distorsione el cálculo de las tasas de interés promedio y máximas.

Además, la propuesta plantea que se cree un segmento llamado  crédito de desarrollo, que tendría   cinco subsegmentos.
 
El objetivo es que cada segmento tenga definición propia, según  las características con las que se entrega  al  cliente (ver cuadro).
 
El crédito educativo que entrega el  Instituto de Crédito Educativo (IECE)   ya no sería catalogado como consumo. El de inversión pública, que otorga el Banco del Estado (Bede)  ya no estaría dentro del sector comercial, que son segmentos que también rigen para  la banca privada.

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