16 de diciembre de 2017 00:00

Banca, obligada a provisionar para hipotecarios desde enero

A Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de las Cámaras de la Construcción, le preocupa la medida. Foto: Archivo / EL COMERCIO

A Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de las Cámaras de la Construcción, le preocupa la medida. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 16
Triste 0
Indiferente 2
Sorprendido 1
Contento 5
Redacción Negocios

Una disposición de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera que está próxima a entrar en vigencia preocupa a representantes de gremios del sector de la construcción, del inmobiliario y del financiero.

Se trata del artículo 6 de la Resolución 209-2016 F de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Aunque el documento se expidió en febrero del 2016, ese artículo en particular entrará en vigencia el 1 de enero del 2018.

El artículo dispone que las entidades de la banca pública y privada tengan provisiones que cubran la diferencia que se crea entre el monto del avalúo catastral municipal y el del crédito hipotecario otorgado por el ente.

Las provisiones son montos monetarios que la banca debe tener en sus cuentas como un respaldo.

Esto significa que si por ejemplo una vivienda cuesta USD 100 000, según el avalúo catastral y el crédito para esa vivienda se concede por USD 200 000, el banco deberá tener una provisión (respaldo) de USD 100 000 en sus cuentas.

Marco Rodríguez, asesor legal de la Asociación de Bancos Privados, indicó que la entrada en vigencia de la disposición afectará la liquidez de los bancos y, por ende, limitará su capacidad de otorgar créditos para viviendas.

“Los bancos ya tienen actualmente la obligación de tener una cuenta de provisión por todos los créditos que otorgan, pedir que ahora tengan una provisión adicional por esa diferencia es un problema, porque los bancos tienen que tomar ese dinero de su patrimonio”, dijo.

Rodríguez añadió que el gremio ya solicitó a la Superintendencia de Bancos que revise la medida.

Jaime Rumbea, vocero de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador (Apive), también envió un pedido a la Superintendencia.

Entre tanto, el superintendente de bancos, Christian Cruz, indicó que solicitará la ampliación del plazo de entrada en vigencia de la norma a la Junta de Regulación Monetaria. “Para que los municipios puedan tener más tiempo para la actualización de
valores catastrales”.

Rumbea considera que la medida no es viable en Ecuador. “Los municipios hacen avalúos en tiempos y formatos diferentes, que no son comparables a los de una institución financiera”, dijo.

Añadió que la medida afectaría incluso al proyecto de vivienda gubernamental Casa para Todos.

Pita reconoció que, aunque la Resolución se expidió el año pasado, había pasado desapercibida en medio de diversas preocupaciones como la Ley de Plusvalía.

El dirigente contó que ayer conversó con la vicepresidenta Alejandra Vicuña, y solicitó que el Gobierno elimine la disposición.“Si la intención era que los municipios actualicen los catastros, de manera que los valores de los bienes inmuebles que se hipotecan se ajusten razonablemente, eso no va a suceder”, dijo.

Esto, según Pita, debido a que ajustar los avalúos al nivel de los créditos implicaría que los usuarios tengan que pagar mayores impuestos prediales. “Eso tiene un costo político en los municipios”, añadió el dirigente gremial.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (11)
No (4)