Con una baraja de materias obligatorias más abierta y la eliminación de las especialidades en el bachillerato, el Ministerio de Educación propone una innovación.
Se trata de generar una proposición más amplia para que los jóvenes tengan una educación integral y les permita tomar decisiones definitivas cuando arriben a la universidad, en vez de provocar elecciones que por tempranas pueden ser incorrectas.
Lo ideal ahora, en vista de las primeras exposiciones de expertos y autoridades que lucen coherentes y sustentadas, es abrir un auténtico debate nacional en donde se escuche a todos los sectores. El debate debe incluir a toda la sociedad, sin prejuicios ideológicos. Deben hablar los estudiantes, que ya han expresado sus temores por el problema de rendimiento en aquellas materias que de acuerdo con sus tendencias les son más complejas.
Deben opinar pedagogos, educadores y maestros, aquellos que tienen experiencia y años de servicio y también los que llevan día a día las tareas frente a las aulas y que tienen a su cargo la educación secundaria. Será importante procesar estas propuestas de modo abierto.
Pero hay temas preocupantes. La propuesta tiene el riesgo de cobijar visiones políticas con el pretexto de la participación ciudadana. Se esperaría que la carga ideológica y excluyente que ha atravesado otros ámbitos de la tesis oficialista quede de lado.
Hablar del buen vivir con el sesgo con que se ha querido imponer los Comités de Defensa de la Revolución o leyes que atentan contra las libertades sería condenable.
No se deben olvidar aspectos fundamentales: evitar la deserción de estudiantil y ocuparse de la calidad -mejorar el nivel de los maestros-. Sin ello cualquier cambio será inútil.