‘Taxi, taxi”, anuncia con disimulo Marco Santaneda, en la esquina de las calles Madrid e Isabel la Católica, en el norte de Quito. Son las 12:00 del pasado jueves y por el lugar transitan decenas de personas. El movimiento es intenso.
Unos son ejecutivos, otros salen de las universidades cercanas, algunos descienden de los buses interparroquiales que llegan hasta este sector y también hay quienes esperan con fundas llenas de compras a la salida de un supermercado.
Cerca de Santaneda, tres hombres conversan animadamente. Todos ofrecen servicio de transporte en cuatro automóviles particulares, cuyos modelos oscilan entre el 2006 y 2010. Trabajan como taxistas ejecutivos.
En 1996, el Municipio de Quito dictó una resolución en la que prohibía la creación de nuevas cooperativas y la emisión de más permisos de operación para operadoras de taxis.
Según datos del Cabildo, en el Distrito circulan 8 810 taxis legalmente registrados, en 215 cooperativas.
La restricción no impidió que la oferta de taxis se incrementara de manera irregular. Cientos de carros pintados de color amarillo, con el logo de alguna empresa de transporte fijado en las puertas, pero sin los adhesivos del Registro Municipal y con placas blancas (exclusivas de autos particulares), circulan a diario por la urbe quiteña.
Otros conductores decidieron no cambiar el color de sus vehículos y se reconocieron a sí mismos como “taxistas ejecutivos”.
Entre ellos está Gustavo Vega, un quiteño de 54 años. En 1993, la supresión de partidas presupuestarias en el Ministerio de Finanzas le obligó a dejar su puesto de Jefe Administrativo de Sección. Continuó su actividad laboral como asesor en temas tributarios, cobranzas y mánager de varios artistas locales.
Se inició en el taxismo hace nueve años, cuando los fines de semana reemplazaba a su suegro en el puesto de la Cooperativa de Taxis Julio Jaramillo.
Ubicar direcciones y aprender el nombre de las calles resultó difícil para una persona que había pasado 20 años trabajando en una oficina. Cuando se familiarizó con la ciudad, el oficio le agradó.
Debía reunir siete millones de sucres para comprar un carro. “En ese entonces, un puesto costaba entre 5 y 10 millones de sucres, dependiendo de la cooperativa”. No compró ni el carro ni entró a la cooperativa.
Luego se empleó como conductor de un taxi amarillo no cooperado. En un auto Chevrolet, año 2004, recorría la ciudad desde las 06:00 hasta las 18:00. El dueño del vehículo le impuso una cuota diaria de USD 25 y el resto de la ganancia -entre USD 18 y 25- era para Vega.
A las 18:00, entregaba el carro al segundo chofer que cumplía el horario nocturno. El auto rodaba las 24 horas. El chofer de la noche también tenía que entregar USD 25, al final de la jornada. “Este señor era dueño de cinco carros que administraba igual”. En el 2008, la reforma a la Ley Orgánica de Tránsito reconoció oficialmente al taxi ejecutivo, como una nueva modalidad de transporte. Estableció plazos y reglas para su operación.
Un estudio de la firma consultora Vera y Asociados, pagado por la entonces Comisión Nacional de Tránsito, estableció que en Quito había una demanda de 3 308 unidades más.
El 14 de abril de este año, el Concejo Metropolitano aprobó, por unanimidad, la reforma a la Ordenanza 247 que establece el régimen administrativo para la prestación del servicio de taxi en el Distrito. Así se dio paso a la regularización de un número indeterminado de taxis ejecutivos.
El pasado domingo, culminó la primera fase de este proceso. Hubo 18 159 inscripciones. Carlos Páez, secretario de Movilidad, explicó que hubo casos de personas que se registraron hasta por siete ocasiones por errores del sistema y de los aspirantes.
En los próximos días el proceso de legalización continuará con la entrega de documentos por parte de los aspirantes. Pablo Ponce, concejal del Distrito Metropolitano, respaldó la creación de una veeduría que vigile todo el proceso de legalización.
Según el Municipio, tras la depuración del listado se calcula que habría 14 527 conductores que aspiran a un cupo para trabajar como nuevos taxistas. Vega aún tramita los documentos que se pidieron como requisitos.
Mientras espera un pasajero, está convencido de que la regularización de miles de taxis en Quito no afectará su trabajo.
“Hay suficientes clientes”. Hace tres años compró su propio auto, un Renault Logan de 1,4 litros, con un rendimiento de hasta 46 km por galón de combustible. Ese día había ‘tanqueado’ USD 15 de gasolina súper.
Vega comparte el puesto de la Madrid con otros 27 compañeros. Establecerse ahí no fue fácil. Al frente de su parada hay unas líneas amarillas que delimitan la parada de la Cooperativa legal de Taxis La Floresta, la cual no acepta la competencia de los ejecutivos que, según la Ordenanza, también serán amarillos.
Su compañero Santaneda siempre está atento, a la espera de clientes y encuentra uno para el taxi de Vega, quien sube a su Renault gris, lo enciende y da un giro en u, hasta parquearse en la entrada del supermercado.
Se baja del automóvil para ayudar a acomodar las fundas de víveres en la cajuela y arranca.
Vega hace entre 15 y 20 carreras diarias, lo que le significa un ingreso promedio de USD 250 semanales. Eso le permite pagar USD 285 mensuales para las cuotas del carro y mantener a su familia. Cada día recorre aproximadamente 220 km. Luego de tres años de trabajo en las calles, ha recorrido 158 975 km.
Al pasajero le conduce hacia La Floresta. El taxímetro marca USD 0,78. En esos casos, el costo mínimo de la carrera es USD 1.
En otros sectores se ha organizado la modalidad de taxirruta por la escasez de transporte público y por la negativa de muchos taxistas para ingresar a ciertas zonas consideradas inseguras.
En el sector de la Lucha de los Pobres, en el sur, cuatro personas comparten un taxi que los conduce por la calle 21 de Agosto, desde la av. Maldonado hasta la av. Simón Bolívar. Cada pasajero cancela USD 0,25.