15 de abril del 2015 00:00

Gobieno y Avanza se alejan por reforma al IESS

Betty Carrillo

La asambleísta Betty Carrillo (centro), dialoga con sus coidearios durante el debate final de la Ley de Justicia Laboral. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Mónica Orozco y Paúl Zamora 
negocios@elcomercio.com (I)

La postura de Avanza de no apoyar a Alianza País en el retiro del 40 % de aporte estatal al IESS provocó la salida de Ramiro González del Gabinete.

El hoy exfuncionario del Ministerio de Industrias presentó su renuncia a las 18:00, la cual fue aceptada, dijo González, en entrevista telefónica con este Diario. Con 91 votos a favor y 29 en contra se aprobó a las 22:30 el paquete de reformas que incluye el polémico ajuste en el subsidio estatal al IESS y en ausencia de los legisladores de Avanza.

Este partido, el principal aliado político del oficialismo en la Asamblea, le dio la espalda en la aprobación de este proyecto denominado Ley para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado en el Hogar.

La razón fue precisamente la polémica eliminación del 40% de aporte estatal al IESS.

En lugar de esto, el proyecto propone un artículo que dice que el Estado garantizará las pensiones “cuando haga falta”, aunque no establece en qué monto ni cómo hará ese aporte.

Esa llamada “garantía” del Estado no es suficiente para dar sostenibilidad al sistema, según Avanza. Los cinco legisladores que componen este bloque decidieron no participar en el último debate del proyecto que se realizó ayer.

En rueda de prensa, el legislador de este partido, Antonio Posso, dijo que es un riesgo dejar abierto el aporte del Estado porque los jubilados eventualmente, en mediano y largo plazos, podrían quedarse sin cobrar sus pensiones jubilares. “Hay que buscar una reforma integral (a la seguridad social). No puede tratarse de forma atropellada y con reformas parches”, dijo.

Si bien Alianza País (AP) posee un centenar de votos para aprobar las normas sin la necesidad de otros actores políticos, el apoyo de este aliado político era considerado clave al interior del movimiento oficialista. No solo por el espaldarazo a su propuesta, sino porque Ramiro González fue titular del IESS por cinco años.

Fuentes internas cuentan que dentro de Avanza existió una puja interna antes de llegar al Pleno con esa decisión.

En cambio, el bloque de AP llegó con una postura consolidada. El legislador oficialista Byron Valle dijo que no se rebajarán las pensiones jubilares “ni medio centavo”. Esta frase se repitió en los discursos de otros asambleístas del oficialismo, como Betty Carrillo, quien destacó las bondades de las reformas como la afiliación a las amas de casa.

Aunque hay cambios laborales positivos como la mensualización de los ‘décimos’ para aquellos trabajadores que decidan aceptar esta opción, la legisladora Cristina Reyes (PSC) dijo que las “cosas malas” de la reforma superan a las buenas.

Cuestionó que se quiera financiar la incorporación de las amas de casa “metiendo la mano a los trabajadores privados”, a través de poner techo a las utilidades. Y criticó la eliminación del 40% de aporte estatal al considerar que afectará a los futuros jubilados.

Reyes llamó a los asambleístas oficialistas a razonar su voto y destacó que no todos estarían totalmente convencidos de la reforma. “Sé que muchos de ustedes quisieran votar en contra. De hecho, veo muchas curules vacías, veo que han mandado muchos suplentes”, dijo Reyes.

Tras micrófonos, legisladores oficialistas contaron que aún existen dudas en cuanto a la sostenibilidad de la propuesta oficial de eliminar el 40% del aporte estatal.

Sin embargo, al ser un movimiento orgánico, dijo la fuente, todos apoyaron la propuesta que llegó del Ejecutivo.
Aunque no se conoció el número de suplentes que asistieron a esta sesión, asambleístas como Fernando Bustamante y Virgilio Hernández decidieron enviar a sus alternos.

Andrés Páez, asambleísta de Creo, reveló que la reforma al aporte del IESS responde a un problema fiscal. Dijo que el 2 de abril pasado el Ministerio de Finanzas comunicó su intención de colocar “cupones de capital de bonos del Estado” con el Biess, en tres tramos de USD 40 millones cada uno, desde este mes y hasta junio, según un oficio que hizo público Páez.

“Esto genera liquidez en el Gobierno, pero no en las arcas del IESS. La reforma descapitaliza a la entidad y eso es una herida de muerte para esta”.

Autoridades de Gobierno defendieron en el Pleno la reforma. Richard Espinosa, presidente del IESS, señaló que este año la entidad tendrá un superávit de USD 509 millones e insistió en que no se subirá el aporte para los afiliados, ya que el IESS, con la reforma, es sostenible 23 años. El presidente Correa tiene 30 días para ratificar o vetar lo votado anoche.

Otros temas

Tope de utilidades

El proyecto de Ley establece un tope de utilidades de 24 remuneraciones básicas unificadas, que para este año representan USD 8 496. Esto significa un cambio en relación con el Código de Trabajo actual, el cual no establece montos máximos para el pago de este valor.

Mensualización de los décimos

El texto establece la mensualización del decimotercero y decimocuarto sueldos. En el caso de los empleados públicos esta medida será obligatoria, mientras que para los privados es opcional. Actualmente, estos montos se pagan en diciembre, y en abril y en agosto, según el inicio de clases en la Costa y la Sierra, respectivamente.

Período de prueba 
En el caso de las trabajadoras remuneradas del hogar se elimina el período de prueba de 15 días y se establece uno de 90 días, como para el resto de trabajadores. Además, no se podrá crear contratos de prueba. Tampoco se podrá renovar el período de prueba una vez que este termine.

Despido ineficaz

Este mecanismo determina que un trabajador puede ser reincorporado a su trabajo si es despedido cuando esté en estado de embarazo o sea dirigente sindical. Pero primero deberá existir un proceso legal.

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