El País, Uruguay, GDA
Las modificaciones a la Ley de Prensa y al Código Penal sobre medios de comunicación de 2008 en Uruguay contribuyeron, según coinciden periodistas, a un “avance” hacia el respeto a la libre expresión de los comunicadores.
Lejos de una polémica Ley de Medios como la que instrumentó el Gobierno argentino o un proyecto de ley regulador como el de Ecuador, en Uruguay los propios periodistas agremiados junto a representantes de organizaciones civiles y abogados independientes comenzaron a discutir cambios en la legislación en 2007. Las propuestas fueron elevadas por el Poder Ejecutivo al Parlamento, quien las convirtió en ley.
Las iniciativas fueron bien valoradas por la Asociación de Periodistas del Uruguay (APU) y también por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “El Poder Legislativo aprobó dos leyes importantes: la que amplía el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública y la que mejora la legislación penal en materia de libertad de expresión y de prensa”, dijo Claudio Polillo, director general del semanario Búsqueda de Uruguay y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
La nueva Ley de Prensa despenaliza los delitos de “difamación” e “injurias”, elimina la figura de “atentado contra el honor de un jefe de Estado extranjero”, introduce el concepto de “real malicia” para juzgar a periodistas, y cambia la legislación sobre los delitos de “desacato” y el llamado “derecho de respuesta”.
“Hay claramente un avance en cuanto a la legislación”, aseguró Guillermo Scheck, administrador general de El País y presidente de la Asociación de Diarios de Uruguay.
Fabián Werner, vocero de APU, tomó a bien el nuevo concepto de “real malicia”, que implica que para que un cronista sea condenado en Uruguay por un delito de comunicación es necesario probar que obró de mala fe. “Esto casi no ocurre, pero ahora no solo tiene que ocurrir sino que hay que probarlo. Por eso también el periodismo uruguayo está por encima de otros”, sostuvo Werner.