18 de enero de 2017 15:07

Autoridades de control rindieron cuentas ante la Asamblea Nacional

Los titulares de la Fiscalía, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Electoral, la Función de Transparencia y Control Social y la Defensoría Pública acudieron este miércoles 18 de enero del 2017, a la Asamblea Nacional. Foto: Paúl Rivas / EL COMERC

Los titulares de la Fiscalía, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Electoral, la Función de Transparencia y Control Social y la Defensoría Pública acudieron este miércoles 18 de enero del 2017, a la Asamblea Nacional. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

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Mario Alexis González
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Los titulares de la Fiscalía, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Electoral, la Función de Transparencia y Control Social y la Defensoría Pública acudieron hoy, miércoles 18 de enero del 2017, a la Asamblea Nacional para presentar las rendiciones de cuentas correspondientes al 2016.

Fiscalía General del Estado

Galo Chiriboga, representante de la entidad, dijo que desde el 2011 ha participado en todas las audiencias de fuero de Corte Nacional: 82 públicas litigando como Fiscal. Los asesores actuaron en 3 948 audiencias del 2014 al 2016.

En cuanto la lucha contra la corrupción comentó: “Jamás nos ha templado la mano”, para investigar a funcionarios públicos.

En total dijo que han recibido 1 868 indicios de responsabilidad penal de parte de la Contraloría (2011-2016). De los cuales 1 097 con diferentes salidas procesales y 864 se encuentran en indagación previa y 137 están acumuladas. De estos casos la Fiscalía obtuvo 245 sentencias, 170 son condenatorias y 75 absolutorias.

En el caso Petroecuador indicó que se trata de 24 casos que llevan en investigación ocho meses. Las cifras de este caso son: 109 investigados; 39 procesados, nueve privados de libertad, 51 617 fojas de expediente, 21 allanamientos y 17 asistencias penales solicitadas.

En el tema Odebretch, en cambio, comentó que el 21 de diciembre el Departamento de Justicia de EE.UU. informó de supuestas coimas a funcionarios públicos de varios países, entre estos Ecuador y al día siguiente la Fiscalía inició de oficio una investigación. “Garantizo que resolveremos el caso antes que Estados Unidos”.

Se ha tomado versiones a todos los directivos de Odebretch en Ecuador, se ha recabado todos los contratos, se realizaron dos allanamientos, se solicitaron cuatro asistencias a Brasil, Estados Unidos, Suiza y España. Un juez, recordó, prohibió que se celebren nuevos contratos mientras duren las investigaciones.

Tribunal Contencioso Electoral

Patricio Baca Mancheno, presidente del organismo, destacó el fomento de órganos electorales independientes y permanentes. El TCE, comentó, ha garantizado la justicia y que los sujetos políticos sean tratados de manera equitativa. “Existen todavía desconocimiento de la ley de algunos abogados”.

Añadió que ha emprendido acciones constantes para la creación de una cultura electoral como publicaciones. Explicó que en el 2016 se atendió el 100% de las causas que ingresaron. Sin embargo, no especificó cuantos casos son y de que tipo cada uno. Solamente dijo que se cumplieron los principios de equidad, independencia, transparencia, autonomía, paridad de género.

Dio otras cifras. Por ejemplo, que las redes sociales tienen 60 000 seguidores. Y que se ejecutó el 98,45% del presupuesto de la entidad en el 2016.

Consejo Nacional Electoral

Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, dijo que el 2016 tuvo como objetivos consolidar la gestión institucional y preparar técnica y operativamente al país para las elecciones del próximo 19 de febrero.

Explicó que para cumplir con procesos democráticos transparentes, el año pasado se cumplió con un cronograma electoral. Además, se realizó la consulta popular que terminó con el reconocimiento del territorio Las Golondrinas como parte de Imbabura.

Además, dijo que se realizó el concurso público para la renovación de autoridades en el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Acreditación (Ceaaces). El CNE asistió en 453 procesos electorales internos.

En el 2016 se cerró el registro electoral con 12,8 millones de personas habilitadas para los comicios generales. Se receptaron y calificaron 3 725 candidaturas para el mismo proceso.

Función de Transparencia y Control Social


Hugo Jácome, superintendente de Economía Popular y Solidaria y expresidente de la Función de Transparencia y Control Social; presentó el informe de labores de la Función de Transparencia durante el 2016, año en el que ocupó la titularidad de la entidad.

El funcionario explicó que esta instancia persigue, entre sus objetivos, la prevención y combate a la corrupción mediante el control a las entidades públicas y las privadas que presten servicios al sector público.

Informó que el 97,3% de las entidades presentaron su informe anual de acceso a la información, donde se puede ver el número de funcionarios, los sueldos, las contrataciones... Lo que significa un avance de 20% desde el 2013.

Añadió que en el primer semestre del 2016 se realizaron más 15 978 acciones de control institucional como monitoreos, inspecciones, supervisiones… en entidades públicas. Y con base a este control se han remitido 383 casos con presunción de responsabilidad penal a la Fiscalía, emitiéndose 23 071 sanciones civiles y administrativas.

Las instituciones del Estado atendieron el 97,4% de solicitudes de información en un promedio de 7 días, aunque el plazo es de 10 días. La Función de Transparencia -según su expresidente- impulsó más de 8 100 mecanismos de participación ciudadana como veedurías, observatorios, comités de usuarios…; los que han convocado a 148 077 personas durante el 2016.

Sobre la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Jácome expuso que durante el 2016 los activos de las cooperativas de ahorro y crédito crecieron un 12,8%, llegando a USD 9 960 millones, siendo su cartera de crédito de USD 6 420 millones.

Los pasivos, por otro lado, llegaron a USD 8 322 millones.
Mientras que el patrimonio a diciembre del 2016 reflejó un saldo de USD 1 635 millones, mostrando un crecimiento anual del 9%.

Respecto a la lucha contra la corrupción en ese sector, explicó que desde el 2013 se ha envidado a la Fiscalía 273 noticias de delito. Al momento existen 83 personas procesadas y 51 ya han sido condenadas por delitos como lavado de activos, quiebra fraudulenta, estafa, peculado, abuso de confianza.

Defensoría Pública

Ernesto Pazmiño, titular de esta entidad, inició su intervención indicando que en el 2016 se incrementaron en un 15% los puntos de atención. En total hay 205 en la actualidad. Lo que dijo marca una desconcentración. La Defensoría tuvo un presupuesto de USD 36,3 millones.

Informó que la institución cuenta con 733 defensores públicos con nombramiento, 130 asistentes legales, 47 defensores provinciales y jefes de procesos misionales y 238 personal administrativo. Lo que determina que hay 4,4 defensores por cada 100 habitantes.

En el 2016 -dijo- hubo 331 033 peticiones ciudadanas, 158 850 por patrocinio penal, 126 509 por patrocinio social, 43 238 por asesorías, 2 436 mediaciones. Esta cifra es 10% más que en 2015. Dato que para Pazmiño es preocupante porque lo óptimo sería que disminuya porque significa que los conflictos sociales van incrementándose.

En materia penal, expuso que el 20% de casos (31 737) se relacionan con contravenciones con delitos contra la mujer y la familia. Delitos contra la propiedad 20%. Delitos de tránsito 14%, droga 11%, sexuales 4%, contra la integridad personal 3% y contra la administración pública 3%.

Añadió que es preocupante la violencia contra la mujer y la familia. Y aseguró que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no es el mejor camino para solucionar este fenómeno, pues se debe trabajar en políticas públicas para cambiar la calidad de vida y la cultura.

En materia social indicó que atendieron 100 737 casos, el 66% solo en demandas por pensiones de alimentos. Por esto mencionó que no está de acuerdo con que se elimine la prisión por el incumplimiento en pensiones de alimentos.

Recordó que el 6 de julio presentó una iniciativa legal para reformar el COIP. En este se busca corregir la norma en cuanto a la desproporcionalidad de las penas, la despenalización del aborto por violación, legalización del cannabis para fines terapéuticos y fortalecer la lucha contra la corrupción.

Puso como ejemplo que “no es justo” que haya una pena igual para una persona que robó un celular, que una persona que es acusada de cohecho por el mal uso de fondos públicos. “Estamos criminalizando la pobreza”.

Además, el 16 de septiembre presentó otro proyecto de reformas al COIP para que el Consejo de la Judicatura no tenga la facultad para suspender o sancionar a un juez o fiscal por sus decisiones jurisdiccionales. Esto porque esa es una potestad de una corte superior. Llamó a los asambleístas a “pararle bola a estos proyectos que son urgentes”.

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