El Municipio de Cuenca tiene una bodega de materiales sobrantes para usarlos en nuevos proyectos y ahorrar en las obras. Foto: Xavier Caivinagua / EL COMERCIO
Las autoridades del Municipio de Cuenca y la Prefectura de Azuay ajustan los gastos para afrontar la situación económica del país. La intención es acomodarse a la anunciada reducción de las asignaciones de recursos prevista por el Gobierno Nacional para el 2016.
Mientras el Municipio reduce los gastos administrativos y prioriza la inversión en obras que le generarán recursos, el Gobierno Provincial reestructura sus gastos y prevé la venta de acciones o bienes para obtener ingresos adicionales.
Hace un mes, el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, dispuso la austeridad. Las medidas están enfocadas en frenar la contratación de nuevo personal y terminar los contratos que ya no eran necesarios.
Otras opciones son reducir el uso de servicios y evitar la contratación de consultorías o requerimientos que se pueden postergar, dice la directora Financiera, Fernanda Vintimilla. “Eso evita que los proyectos planificados se detengan”.
Otra estrategia es invertir en obra pública que genere el retorno de dinero como el mantenimiento de calles y aceras. Ese egreso se recupera de forma casi inmediata con el cobro a los ciudadanos, señala Vintimilla. Aún no hay un estimado del ahorro que logrará este año, pero la idea es que el gasto corriente no supere el valor previsto en el presupuesto 2015, que era de USD 25 millones.
La entrega de las asignaciones mensuales del Gobierno es normal pese a la crisis, asegura el tesorero Municipal, Wilson Campoverde, pero la baja del precio del petróleo obliga a tomar precauciones. “Se estima que la reducción sea de un 10%, pero no hay cifras oficiales”.
El presidente Rafael Correa anunció el martes pasado que el Presupuesto General del Estado del 2016 se calculará con un precio referencial de USD 40 por cada barril de petróleo, lo que incide de forma directa en las asignaciones de los gobiernos seccionales.
En la actualidad, el Gobierno Provincial del Azuay redujo los costos administrativos en un 20%, según el prefecto Paúl Carrasco. “Está claro que existe una crisis económica, pero no se trata de encontrar culpables, lo que hay que hacer es buscar alternativas y desde lo local apoyar para arreglar la situación nacional”.
En esta institución se calcula un déficit de cerca de USD 5,5 millones. Una de las causas, dice el Prefecto, es la reducción en el pago de la Tasa Solidaria, que es un rubro que se cobra a los dueños de los vehículos y hasta el 2014 era obligatorio presentar el comprobante de pago para la matriculación vehicular. Ahora, no se exige en todos los 15 cantones azuayos.
De acuerdo con la ordenanza, ese dinero se destina a la vialidad rural. La Prefectura preveía recaudar unos USD 7 millones este año, pero estima que habrá una reducción de al menos USD 2 millones.
Pero no es el único problema económico de este gobierno seccional, que también tiene dificultades para cumplir con los pagos a proveedores y otros compromisos adquiridos.
Por ello, el Gobierno Provincial analiza varias alternativas. Según Carrasco, fue necesario suspender algunos proyectos considerados no prioritarios y planifica la venta de bienes improductivos.
El antiguo edificio de la Prefectura, ubicado en las calles Simón Bolívar y Vargas Machuca, en donde aún funcionan las oficinas administrativas, será puesto en venta o remate. Eso no solo generará ingresos adicionales sino también ahorros en gastos como servicios básicos, limpieza, seguridad…
Además, la institución insistirá en la venta de las acciones que tiene en las empresas eléctricas Centrosur y Elecaustro, valoradas en USD 50 millones.
En contexto
Las asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados están sujetas al precio del petróleo y para el 2016 se estima que serán menores. El barril se calculará en USD 40. Este año, estas entidades reciben sus rentas en base a un barril de casi USD 80.