La austeridad se incumplió y aumentó la deuda pública en el país

En noviembre del 2017 se aprobó una tasa de control aduanero que generó malestar en el sector empresarial. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En noviembre del 2017 se aprobó una tasa de control aduanero que generó malestar en el sector empresarial. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En noviembre del 2017 se aprobó una tasa de control aduanero que generó malestar en el sector empresarial. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El presidente Lenín Moreno termina su primer año de Gobierno sin un plan económico en marcha y sin una política económica clara.

Cuando comenzó su mandato ofreció convertir al sector privado en el motor de la economía, pero en la práctica el sector privado aún no ha tomado la posta. Los anuncios de reducir el gasto público y los incentivos para el sector productivo no se han cumplido.

Si bien el retiro de las salvaguardias y la reducción de dos puntos del IVA fueron medidas que generaron expectativas positivas, en noviembre del 2017 se aprobó una tasa de control aduanero que generó malestar en el sector empresarial, que la vio como un tributo más para los importadores.

En tanto, el crecimiento de la economía siguió dependiendo en buena parte de gasto público, que no ha dejado de crecer.

Si bien la inversión pública cayó, uno de los gastos con mayor peso en el presupuesto, el de sueldos, ha crecido. En abril del 2018, el Estado gastó USD 2 911 millones más en sueldos respecto a abril del 2017.

Esto a pesar de que Moreno emitió un decreto de austeridad para el sector público en septiembre pasado.

El nivel de gasto no ha permitido cerrar la brecha fiscal, lo que obligó al Gobierno a seguir incrementando la deuda.

En los primeros ocho meses de su gestión, el país contrató deuda por USD 7 500 millones, a través de bonos soberanos.

El Régimen anterior colocó una cifra similar en bonos, pero lo hizo a lo largo de tres años y cinco meses.

Para Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, el manejo fiscal de Moreno es una continuación de su antecesor.

El problema, añade, es que Moreno comenzó su gestión con un frente económico conformado por exfuncionarios de l anterior régimen.

A pesar de que Moreno empezó afirmando que Rafael Correa no dejó “la mesa servida”, Patricio Rivera, que había sido ministro de coordinador de la Política Económica del exmandatario, fue su consejero y delegado ante el Comité de Deuda y Financiamiento hasta noviembre del 2017.

Además, Carlos de la Torre, a quien nombró su primer Ministro de Finanzas, fue asesor en el gobierno anterior.

En marzo del 2018, cuando De la Torre presentó su renuncia, Moreno lo reemplazo por María Elsa Viteri, que ya había sido ministra de Finanzas en el primer mandato de Correa.

Lejos de priorizar el diseño de políticas económicas para alcanzar un equilibrio fiscal, los exministros de Finanzas de Lenín Moreno siguieron manteniendo un gasto público elevado que llevó a más endeudamiento, explicó Spurrier.

Marco Flores, vocero del Foro de Economía y Finanzas, señaló que esto se convirtió además en una traba para poner en práctica los planteamientos del sector privado en los diálogos que emprendió el Gobierno en el marco del Consejo Consultivo y Productivo.

“El Gobierno priorizó los cambios en lo político y no en lo económico, dejó pasar un año, fue un año perdido”, dijo.

Durante los tres meses que duró el Consejo Consultivo, el frente económico de Moreno se reunió con los dirigentes de los principales gremios empresariales para recoger sus propuestas y elaborar la que sería la primera ley económica del Gobierno.

El sector empresarial presentó 139 propuestas, pero cuando el Ejecutivo aprobó la ley, los representantes de las empresas vieron que no fueron incluidos. Para Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, el Gobierno no acogió “ni un 10% de sus propuestas”.

Con este escenario, el nombramiento de un exdirigente gremial como titular de Finanzas, hace dos semanas, puso nuevamente en el tapete la intención de que el sector privado sea el motor de la economía.

El día de su posesión, el 16 de mayo, Richard Martínez dijo que recogerá la voluntad de Moreno, de “devolverle el protagonismo y la productividad al sector privado”.

Ahora urge que el discurso se convierta en práctica, porque el Estado no puede seguir endeudándose para impulsar el crecimiento, dijo Santiago García, docente de economía de la Universidad Central.

Este año, el país tendrá que pagar USD 2 534 millones por concepto de intereses de la deuda pública, es decir, 287 millones más que el 2017.

Ver más del especial: El diálogo, la consulta y la fiscalización, los tres ejes

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