14 de December de 2009 00:00

El aumento de la inseguridad fue tema de debate

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Redacción Judicial 
juducial@elcomercio.com

Por gestión de la Defensoría Pública Penal se han  liberado a 66 acusados de asesinato, cinco de enriquecimiento ilícito, 92 por estafa, 32 por homicidio, 214 por hurto, nueve  por peculado y  1 904  por robo.

Esta  denuncia la  hizo el asambleísta Andrés Páez (ID), en el programa Controversia, de Radio  Quito, el sábado pasado, dirigido por Miguel Rivadeneira. También participó la asambleísta oficialista María Paula Romo.
 
Allí se analizaron  las reformas penales que aprobó el ‘Congresillo’, en marzo pasado, y la inseguridad ciudadana por el aumento de delitos.
  
Según Páez, además, salieron libres, por gestión de la Defensoría Pública, 374 acusados de tenencia ilegal de armas, 82 por tentativa de asesinato, 303 por secuestro y 120 por violación.

 “La inseguridad en el país no se trata de un ‘raterillo de aretes’, sino de crimen organizado que está siendo auspiciado por las mismas autoridades de Gobierno”, afirmó el asambleísta, en referencia  a Ernesto Pazmiño, titular de la Defensoría  Pública.

Páez también sostiene que las reformas penales vigentes desde marzo son contemplativas, porque favorecen al delincuente. Allí se fija que los robos y hurto que no superen USD 654 son contravenciones y no delitos. La sanción es siete días de cárcel. “Esa reforma incide en el aumento de la delincuencia”, afirma el Páez.

La asambleísta Romo, quien formó parte del ‘Congresillo’, dijo que el tema del monto de USD 654  ha sido el pretexto de policías y fiscales para no trabajar. Recordó que las reformas penales incluyen otros temas, pero que los jueces y fiscales no lo aplican, como es el procedimiento abreviado. Las reformas incorporan la oralidad en todas las etapas del proceso, en especial en la de investigación, beneficiando a las víctimas con juicios ágiles y respuestas oportunas.

Romo, además, dijo que “la calentura no está en las sábanas”. Se debe pensar que esto (el aumento de la delincuencia) no es solo un problema de normas y de justicia, “es un problema de armas, de crimen organizado transnacional, de grandes industrias del crimen. No es problema solo del Ecuador, va creciendo en otros países”.

Pazmiño, quien fue diputado de la ID, respondió a las acusaciones del asambleísta Páez,   dijo  que la Defensoría Pública no ordena la libertad de las personas procesadas penalmente, que solo  los jueces  tienen esa competencia, según los méritos del proceso.  Indicó que las personas que han salido de las cárceles “ha sido porque han cumplido una pena impuesta en sentencia, porque han sido declarados inocentes o porque los jueces revocaron legalmente la prisión preventiva”. Por lo tanto, agregó, “no defendemos delincuentes ni presionamos para obtener su libertad”.
 
Según Pazmiño, los defensores públicos asumen el patrocinio de las causas que los jueces les asignan y asisten a las audiencias por ellos convocadas. “Nosotros no escogemos al cliente ni el delito para defender, son los jueces los que designan al defensor en cada causa, por lo tanto nuestra intervención impide que las audiencias sean fallidas y caduque la prisión preventiva”, afirmó.
 
La  Asamblea ha recibido algunas propuestas de reformas penales, entre otras para rebajar el monto de USD 654,  que  los delitos, como estafa y  violación de domicilio,  vuelvan a ser de acción privada, para que los afectados puedan reclamar.

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