11 de julio de 2018 00:36

Dos auditorías más a la deuda se ejecutan

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Mónica Orozco
Editora (I)

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El examen especial a la deuda pública que efectuó la Contraloría en abril pasado derivó en seis auditorías adicionales. De ellas, una concluyó el lunes 9 de julio de 2018, dos están en ejecución y tres más están por iniciar.

El examen que concluyó esta semana auditó el manejo de Certificados de Tesorería (Cetes) por parte del Gobierno anterior. Los Cetes son papeles de corto plazo que le permiten al Fisco conseguir liquidez. El ente determinó que hubo perjuicio para el Estado en el manejo de recursos públicos y que se quebrantaron normas.

Por este tema, la Contraloría remitió a la Fiscalía un informe de responsabilidad penal en contra de exfuncionarios públicos; entre ellos, el expresidente Rafael Correa. Se trata del segundo informe de responsabilidad penal que afronta el exmandatario. El primero se emitió en abril, también por el manejo de la deuda pública.

Por este último proceso, la Fiscalía abrió una indagación previa por peculado. No es la primera vez que el tema de la deuda deriva en una investigación penal a un exmandatario.

El expresidente de la República, Gustavo Noboa, fue acusado de encubrir el pago de la deuda externa mientras el país vivía una aguda crisis, e incluso llegó a cumplir arresto domiciliario.

Pero la Asamblea Constituyente otorgó en el 2008 una amnistía al exfuncionario. El argumento fue que no se halló delito penal alguno en torno al proceso de negociación de los bonos de la deuda externa durante su mandato.

Jorge Gallardo, exministro de Finanzas de Noboa, explica que este caso es distinto al que afronta Correa. “En mi caso y en el de Noboa fue una persecución política. No hubo sustento técnico para formular ninguna acusación”.

Defendió que no hubo un pronunciamiento de Contraloría que diga que el tema de la deuda se manejó de forma incorrecta. En el caso de Correa, dijo, “los informes de Contraloría son graves”.

Gallardo dijo que su negociación de la deuda permitió reducir las obligaciones en USD 2 400 millones gracias al canje de bonos Global, emitidos en aquella época y en momentos en que el país mantenía obligaciones impagas.

La administración de Correa también hizo una auditoría a la deuda. Para ello, conformó una comisión, que determinó la ilegitimidad e ilegalidad de un tramo de los bonos 2012 y 2030. Pese a ello, el tema no devino en indagaciones penales.

El excontralor Alfredo Corral explica que los exámenes que realiza la Contraloría pueden establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas. Las primeras se relacionan con perjuicios económicos en contra del Estado. Se fijan mediante glosas.

Los indicios administrativos se establecen cuando no se han cumplido con procedimientos o normas legales o reglamentarias, dijo Corral. Estos procesos pueden derivar en multas o destitución de las funciones.

Finalmente, las responsabilidades penales se determinan cuando los exfuncionarios han incurrido en delitos. Ese informe se envía a la Fiscalía, la cual determina si hay fundamentos para iniciar un proceso penal.

Exámenes en ejecución

La Contraloría trabaja actualmente en dos auditorías adicionales relacionadas con la deuda pública. La primera indaga la contratación de abogados, bancos, agentes financieros y otras firmas vinculadas a la contratación de deuda.

La segunda evalúa las operaciones de créditos otorgados al Estado ecuatoriano por Goldman Sachs. El Gobierno anterior invirtió el oro monetario con este banco de inversión. Esta operación se usó por primera vez en el 2014. En ese año, el Banco Central invirtió la mitad de sus reservas de oro con el banco internacional. Paralelamente, Finanzas obtuvo un préstamo de USD 400 millones. Las autoridades de ese entonces señalaron que se trataba de operaciones diferentes.

En octubre pasado, el Fisco obtuvo un crédito de USD 500 millones de Goldman Sachs. La operación que incluyó el uso de 300 000 onzas de oro y bonos en manos del BCE.

Exámenes planificados

La Contraloría a futuro también indagará tres temas adicionales relacionados con la deuda pública. El primero se relaciona con el pago en acciones de la banca pública al Banco Central del Ecuador (BCE).

Esa entidad fue una importante fuente de liquidez para el Gobierno anterior. Hasta mayo del 2017, el Fisco llegó a adeudar a la entidad cerca de USD 5 800 millones.

Finanzas pagó en ese mes USD 2 137 millones en acciones de tres entidades públicas: CFN, BanEcuador y la Conafips. El entonces ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, catalogó la operación como “un buen negocio”, porque el BCE diversificaba sus activos.

Ramiro Crespo, analista y quien participó como veedor en el examen de la deuda, cree que estas operaciones pueden afectar la liquidez del BCE. “Si mañana el BCE necesita liquidez tendría que vender esos bancos y no es fácil”.

Finalmente, la Contraloría tiene planificado auditar las condiciones financieras, técnicas y legales de la deuda.

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