17 de octubre de 2014 15:00

Correa: Auditoría halla nexos "descarados" entre jueces de arbitraje y petroleras

El Presidente Correa dijo que en los próximos días mostrará los resultados de los supuestos nexos entre jueces y petroleras. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

El Presidente Correa dijo que en los próximos días mostrará los resultados de los supuestos nexos entre jueces y petroleras. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

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AFP

Una comisión internacional designada por Ecuador para auditar sus Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) estableció vínculos “descarados” entre transnacionales petroleras y jueces que deben fallar en casos planteados contra el país, dijo el hoy 17 de octubre el presidente, Rafael Correa.

“Ya tenemos algunos resultados preliminares y los descubrimientos de la comisión sorprenderán al mundo, en especial la descarada vinculación de los árbitros con las transnacionales y, particularmente, las transnacionales petroleras” , manifestó el Mandatario durante un acto público.

La comisión fue creada en 2013 por el gobierno de Correa para auditar 26 TBI suscritos por Quito desde 1990, así como la validez de los laudos emitidos por el sistema de arbitraje internacional en procesos contra la nación. Ecuador enfrenta millonarias demandas de petroleras como la estadounidenses Oxy y Chevron por supuestas violaciones a esos tratados.

“Vamos a recomendar la terminación de los tratados” , dijo en agosto pasado Muthucumaraswamy Sornarajah, uno de los miembros de la comisión, que incluye a expertos de Colombia, Argentina, México, Australia, Uruguay y Ecuador.

Durante la presentación de un libro de la Procuraduría general del Estado sobre el “caso Oxy” , Correa declaró que “estos tristemente célebres TBI, que a finales del siglo XX infestaron nuestra región, son puro y simple neocolonialismo y la expresión más clara del imperio del capital”.

Agregó que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) impulsa la implementación de un centro de solución de controversias para “terminar con instancias arbitrales viciadas, mañosas como la del Ciadi (del Banco Mundial) y la del Tribunal de La Haya bajo las normas de Uncitral (ONU)”.

El gobernante ecuatoriano llamó a la unidad ante la “voracidad de ciertas compañías transnacionales y la complicidad de supuestas instancias internacionales, donde todo lo que se hace, todo lo que se ejecuta, es en favor del gran capital y no en favor de la justicia”.

El Ciadi analiza una demanda de Oxy contra Ecuador a raíz de la terminación, en 2006, del contrato que le permitía extraer unos 100 000 barriles diarios de crudo, tras ser acusada de una venta ilegal de acciones.

El organismo de arbitraje dictaminó que Quito deberá pagar USD 2 300 millones, lo que fue impugnado por Ecuador mediante una acción de nulidad todavía en estudio.

Entretanto, la justicia ecuatoriana condenó en 2013 a Chevron a pagar USD 9 500 millones por daño ambiental en la Amazonía.

La compañía, que rechaza su responsabilidad y atribuye el daño a la estatal Petroecuador, con la que operó en consorcio su filial Texaco entre 1964-1990, busca que el Tribunal de La Haya obligue al Estado ecuatoriano a asumir la indemnización.

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