7 de diciembre de 2016 09:22

Audiencia sobre el caso de contratos de Fabricio Correa con el Estado se aplaza

Este 7 de diciembre del 2016 estaba prevista la audiencia de casación solicitada por Pablo Chambers y Gustavo Portillo, quienes tienen una sentencia de un año de prisión por el caso denominado Gran Hermano. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Este 7 de diciembre del 2016 estaba prevista la audiencia de casación solicitada por Pablo Chambers y Gustavo Portillo, quienes tienen una sentencia de un año de prisión por el caso denominado Gran Hermano. En la gráfica Pablo Chambers. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Mario Alexis González

Tras cinco años y ocho meses, el caso denominado Gran Hermano vuelve a captar la atención pública. Este miércoles 7 de diciembre del 2016, estaba prevista la audiencia de casación solicitada por los exveedores Pablo Chambers y Gustavo Portillo, quienes tienen una sentencia de un año de prisión.

Ramiro Román, abogado de los implicados, informó esta mañana que la diligencia judicial fue aplazada a una fecha por confirmar entre el 12 y 19 de diciembre de este año. Explicó que recibió una llamada a las 06:00 desde la coordinación de la Corte Nacional de Justicia informando del diferimiento por motivos internos de la institución.

Ahora están a la espera de recibir la nueva providencia para conocer la nueva fecha y horario de la audiencia. Román, junto a Chambers y Portillo, aprovecharán estos días extra para preparar su defensa del caso.

Habían reclamado a la Corte por haber sido notificados recién el viernes 2 diciembre. Ya que por el fin de semana y el feriado por fiestas de Quito no hubo el suficiente tiempo para trabajar.
Chambers y Portillo formaron parte de la veeduría -designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)- que buscaba determinar el perjuicio que generó la entrega de contratos del Gobierno a empresas de Fabricio Correa, hermano del presidente de la República.

El informe, terminado en febrero del 2011, concluyó que Rafael Correa sí conocía de los contratos de su hermano con el Estado, que ascendieron a USD 657 millones.

El 31 de marzo de ese año, el Mandatario solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación por supuesto falso testimonio y perjurio en contra de Pablo Chambers, Gustavo Portillo, José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo. Los dos últimos fueron declarados inocentes por el tribunal octavo de Garantías Penales en el 2014.

Pero Chambers y Portillo fueron sentenciados a un año de prisión. Ellos presentaron un recurso de casación ante la CNJ para que se nulite esa sentencia, pues consideran que no se cumplió con el debido proceso en el caso.

Según la tesis del abogado defensor Ramiro Román, recogida en la sentencia, “se pretende establecer documentos con falsedad, es la primera equivocación que tiene la Fiscalía y hay que considerar que el informe se entregó al Contralor General del Estado, pero ahí sí hay una falacia, por cuanto el señor Contralor es el presidente del Cpccs”.

Por esto, argumenta que debieron ser llamados a comparecer a Carlos Pólit, titular de la Contraloría; y el procurador del Estado Diego García. Chambers considera que en el proceso, además, faltó la declaración presencial del propio Rafael Correa y de su hermano Fabricio. “Debe nulitarse porque la otra parte nunca compareció”, dice.

Alembert Vera,
abogado de Correa, dice que el Mandatario no tiene la obligación de presentarse ya que él fue el denunciante, pero no presentó una acusación particular por lo que el caso lo lleva directamente la Fiscalía. Añadió que esta entidad ha demostrado que Chambers y Portillo han violado los reglamentos de veedurías.

Pablo Chambers, cree que la diligencia pendiente será un trámite. “Aposté un par de cervezas a que nos declaraban culpables definitivamente”, dijo el consultor a este Diario. Asegura que él y Portillo están listos para ir a la cárcel y pagar su condena.

Menciona que prefieren pagar su sentencia antes que seguir en un proceso “interminable”. En los más de cinco años que ha durado el caso -relata- no han podido “conseguir trabajo en el país, viajar al extranjero o, incluso, abrir una cuenta bancaria”.

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