11 de octubre de 2016 01:01

Ayer se desarrolló la audiencia de apelación presentada por habitantes del barrio Bolaños

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El lunes 10 de octubre del 2016, en la Corte Provincial de Justicia, se llevó a cabo la audiencia de apelación de la sentencia que emitió el juez en una primera instancia. Esto en relación a la acción de protección contra el Municipio de Quito que presentaron habitantes del barrio Bolaños, para detener el proyecto Solución Vial Guayasamín.

Los abogados defensores de los posibles afectados de este barrio, ubicado sobre la vía Interoceánica, indicaron durante la audiencia que las personas que viven en este lugar tienen una estrecha relación con el territorio en el que habitan por considerarlo ancestral. “Los habitantes del barrio Bolaños tienen el derecho a no ser desplazados de sus tierras”, señaló Javier Dávalos, uno de los abogados.

Además, manifestó que no se tomó en cuenta en la primera instancia que se reconoció la inexistencia de estudios de impacto ambiental y licencias ambientales para el inicio de las obras. Según Dávalos, solo tenían los registros de certificaciones ambientales de algunas partes del proyecto. También indicó que con la acción de protección busca defender los derechos de los afectados.

Cynthia Andrade, moradora de la Plaza Argentina, considera que sus derechos y el de los vecinos del barrio Bolaños han sido violentados con el proyecto Solución Vial Guayasamín, porque afirma que los moradores no fueron notificados de una manera oportuna y a tiempo que iban a ser desalojados de sus casas. “Hasta ahora no tenemos la información que deberíamos tener”, comentó Andrade. También dijo que no se ha considerado que allí habitan descendientes del pueblo Quitu-Cara.

En cambio, Marco Proaño, abogado defensor del Municipion de Quito, pidió a los jueces que “rechacen el recurso de apelación” porque cree que no se puede paralizar una obra pública que vela por el desarrollo de la ciudad.

También expresó que no hay pruebas de que los habitantes del barrio Bolaños sean descendientes de los Quitus Caras, ni tampoco que el proyecto viole los derechos constitucionales de las personas, agregó Proaño. Incluso dijo que la obra de construcción cuenta con todos los permisos del Ministerio del Ambiente.

Los jueces que están frente a este caso ofrecieron 72 horas para dar una sentencia respecto a la apelación.

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