11 de enero de 2018 00:00

Audiencia contra exministro Alecksey Mosquera se postergó por tercera vez

En otra audiencia de Odebrecht, la jueza Paola Campaña dictó prisión en contra de cuatro personas. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

En otra audiencia de Odebrecht, la jueza Paola Campaña dictó prisión en contra de cuatro personas. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

La Corte difirió este miércoles, 10 de enero del 2018, por tercera ocasión la audiencia en la que se debía conocer si el exministro Alecksey Mosquera va a juicio por el delito de lavado.

El exfuncionario es indagado dentro de la trama de corrupción de Odebrecht. Y está encarcelado desde el 21 de abril del año pasado.

Este miércoles, personal del Alto Tribunal confirmó que la diligencia no se desarrollaría, porque la Sala que conoce el caso no había calificado la acusación particular de la Procuraduría del Estado.

Tras conocer el hecho, la Corte Nacional de Justicia fijó el encuentro judicial para las 14:30 del 17 de enero.

Allí también se analizará la situación del padre, tío y un amigo de Mosquera.

Las investigaciones determinaron que el exministro había recibido USD 1 millón de Odebrecht, cuando aún era secretario de Estado.
La Fiscalía señala que el dinero pagado por la constructora sirvió para que las empresas del exfuncionario compren maquinaria de China y de Estados Unidos.

Los equipos llegaron a Ecuador y fueron comercializados. Así se lavó el dinero de los sobornos, según los datos públicos.

Por posible lavado de activos también son investigadas las empresas Diacelec y Conacero. Además, una jueza dictó prisión preventiva para cuatro personas, mientras que el empresario Edgar Arias permanecerá con arresto domiciliario.

En la diligencia, la Fiscalía indicó que se ha identificado un esquema delictivo en el que dos empresas, que residen en el país, recibieron fondos de Odebrecht para pagar los sobornos.

Según los investigadores, la constructora brasileña envío dinero a las dos compañías a través de una empresa en Panamá, cuyo representante sería el hijo de Arias. Desde esa empresa extranjera se hicieron transferencias por USD 13 millones.

Entre los elementos que los agentes presentaron para formular cargos están los informes de la Unidad de Análisis Financiero.
En esos documentos se detalla un posible desfase de los estados financieros que los procesados declararon ante Rentas Internas y los movimientos bancarios que reportaron durante el periodo 2010-2017.

Con base en ello, la Fiscalía indicó que se trataría de un delito continuo, que fue identificado durante la investigación de asociación ilícita en el caso Odebrecht.

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