3 de febrero de 2017 00:00

Profesor condenado por abuso sexual apeló su sentencia

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Fernando Medina

Todos lo llaman Lucas, aunque no es su nombre real. Tiene 7 años y desde hace dos no va a la piscina. Ese lugar le causa miedo, pues fue allí fue donde conoció a José,su profesor de natación en un colegio de Quito. Esto lo cuenta su mamá, Paulina.

Dice que el menor apenas cursaba el primer año de Básica, cuando de pronto comenzó a llorar y despertarse en las noches. Gritaba y mojaba la cama cinco veces.

Era noviembre del 2014. Ese mes, los papás del niño se enteraron de que el profesor le obligaba a mantener sexo oral y amenazaba con matar a sus padres si contaba lo que sucedía dentro de la escuela.

El jueves 2 de febrero del 2017, Paulina recordó que los primeros datos lo conocieron cuando Lucas visitó a un amigo y le pidió que hiciera lo mismo que le obligaba hacer el profesor.

Eso le preocupó. El niño solo tenía 5 años, pero le dijo que contara lo que pasaba en el aula, que no tuviera miedo de nadie y que iba a protegerlo.

La madre dice que el niño habló y detalló lo que sucedía cerca a la piscina. Nunca les dijo cuánto tiempo fue agredido sexualmente, pero denunciaron el hecho en la escuela y en la Fiscalía.

Dos años han pasado desde entonces y el caso aún no se cierra por completo. A las 10:00 del jueves debía instalarse una audiencia para conocer un pedido que fue planteado por el profesor, José V.

Su defensa apeló la condena que el 22 de noviembre del 2016 le interpuso el Tribunal Penal de Pichincha. Los jueces lo condenaron a 22 años de cárcel por violación. La diligencia de ayer no se instaló, pues uno de los tres jueces no estaba en la sala, porque había terminado sus funciones.

Afuera gritaban unas 70 personas. Llegaron con carteles a la Corte de Pichincha.

Vestían de blanco y con pancartas pedían que se ratificara la sentencia. Adentro estaba Caupolicán Ochoa, abogado del profesor.

Las personas que protestaban dijeron que la presencia de este jurista podría cambiar la sentencia, pues temen una posible presión política porque ha defendido al Presidente de la República.

En la noche, Ochoa dijo que aceptó la causa, porque es un profesional en libre ejercicio y no un funcionario público. Indicó que su cliente tiene total derecho de apelar, porque aún está bajo la presunción de inocencia. Pero tras las protestas y la posibilidad de que este hecho tome un tinte político, él ha pedido a la familia del procesado alejarse del caso.

Paulina se retiró de las oficinas judiciales apenas se anunció que el encuentro no iba a desarrollarse. A las 11:00 ya había llegado a la oficina de su abogada, Gisela Vaca. Allí recordó más detalles, como el día en que ideó a Lucas, el nombre que ahora sirve para proteger al niño.

Desde que conocieron de la agresión sexual, psicólogos, médicos y fiscales han indagado los hechos.

Una de las pruebas a las que fue sometido el menor fue la cámara de Gesell, un espacio en donde los investigadores preguntaron al niño qué pasaba. Le entregaron muñecos de trapo y él dijo lo que le hacía el maestro.

Paulina retiró a su hijo del colegio. Igual hizo con su hija mayor, quien estudiaba allí.

Ella cuenta que el niño enfermó y fue hospitalizado.
Cuando salió se refugió en la casa, junto con su madre. No conversaba con nadie. Tenía miedo de pronunciar el nombre del maestro. Por eso decidieron identificarlo con los números 4849.

Un día estuvieron afuera del colegio y cuando José V. salió, Lucas gritó: “Ahí va 4849”. Su madre dijo que se sentía impotente.
Lucas no quería ir a la nueva escuela que le habían conseguido los padres.

Encontrar un plantel fue tarea dura. La madre acudió a seis colegios, pero la duda de que vuelva a repetirse la agresión no le permitía elegir.

Las secuelas también afectaron a su padre. Él entró en un estado de depresión, pues se sentía culpable de lo que sucedió. “No se levantaba, no quería trabajar, dejó de vivir”.

Se separaron. Él viajó a Francia, su país, y desde agosto no han tenido contacto con él. No sabe lo que pasa.

Paulina, en cambio, se aferró a buscar justicia y por eso hizo público el caso.

En redes sociales, fundaciones de niños, mujeres y padres de familia han convocado plantones para pedir que se ratifique la condena en contra del profesor.

La gente que protestó el 2 de febrero no quiere que se repita esto.
Casi al finalizar el 2016, el Comité contra la Tortura de la ONU ya habló de lo que sucedía en las aulas y los abusos sexuales e instó al Estado que continúe “adoptando medidas para prevenir y eliminar estos casos”.

Del 2012 al 2016, las autoridades han reportado en el país 343 denuncias por delitos sexuales perpetrados en las aulas o detectados allí.

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