Se debe reconocer que la actual Constitución más que ninguna otra, está orientada al respeto y garantía de los derechos de todos los ecuatorianos a todo nivel y sin distingo alguno, los mismos que no pueden ser vulnerados porque también constan en los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos, determina también los recursos y las instancias a donde recurrir en caso de su conculcación; pero en la realidad, continuamente son irrespetados por personas o funcionarios que por desconocimiento o por dar fiel cumplimiento a las disposiciones de sus superiores, cometen gravísimos errores.
Este es el caso de lo que sucedió con mi persona, el día jueves 18 de marzo en que la señora Supervisora del primer Año de Educación Básica de la UTE N.- 1 de Pichincha, me destituye de las funciones de Directora del Jardín de Infantes Banco Ecuatoriano de la Vivienda, sin que me indique las causales, ni me presente alguna notificación dirigida a mi nombre y sin que exista un sumario administrativo en caso de haber cometido una falta, como así lo determina la Ley y Reglamento de Escalafón del Magisterio. Además, la remoción de funciones es una sanción que deberá imponer la Comisión de Defensa Profesional Provincial, después que se haya cumplido las garantías básicas del derecho al debido proceso como determina el art. 76 de la Constitución, y el derecho a la seguridad jurídica estipulado en el artículo 82 del mismo cuerpo legal. Sin embargo, la señora Supervisora que es una autoridad de menor jerarquía y sin que tenga la competencia para hacer lo que hizo, se arroga funciones ilegales.
Considero que ni las mismas Autoridades Superiores de Educación estarán de acuerdo con esta barbarie educativa que constituye un atropello flagrante a mis derechos constitucionales y que tendrá que responder judicialmente.