18 de mayo de 2018 00:00

Atender cada alerta cuesta al menos USD 14 770 al Municipio y la Policía

Un simulacro de evacuación por amenaza de bomba se realizó ayer en el edificio de la Corte Nacional de Justicia. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Un simulacro de evacuación por alerta de explosivos se realizó el 17 de mayo del 2018  en el edificio de la Corte Nacional de Justicia. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome
Redactora
njacome@elcomercio.com

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Va más allá del pánico que puede generar en la comunidad. Cada llamada falsa que alerta la presencia de un artefacto representa una reacción por parte del Municipio y de la Policía que genera un costo.

Todo depende del lugar donde ocurra y de la magnitud del operativo que se requiera. Sin embargo, se puede decir que cada alerta falsa de ese tipo cuesta al menos USD 14 770, sumados los servicios del Municipio y la Policía Nacional. Si se complica más la situación, el valor puede ascender.

En lo que va del año, solo en Quito, ha habido 54. Juan Zapata, secretario de Seguridad del Distrito, indica que cada alerta demanda en promedio unas cuatro horas de trabajo.

Luego de la alerta, se acordona el área, se evita el paso de personas y vehículos, se evacua la edificación y entra en escena el equipo antiexplosivos del GIR. Solo el Municipio moviliza a 64 de sus miembros.

Unos USD 12 276 corren por cuenta del gobierno local en lo que tiene que ver con costos de movilización del personal, vehículos y demás.
En los últimos cuatro meses, el Municipio atendió 43 alertas, la mayoría en dependencias públicas y colegios.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desarrolla un operativo, que consiste en cerrar vías y realizar desvíos. Julio Puga, director de la AMT, explica que en cada intervención intervienen 20 agentes.

A todas las amenazas llega un equipo de la Unidad Antiexplosivos del GIR, usualmente conformado por cinco miembros: tres técnicos desactivadores antiexplosivos y dos guías de canes.

Juan Carlos Gines, jefe del equipo, detalla que se despachan dos vehículos: uno especializado para transporte de materiales explosivos y el otro para movilizar a los canes.

Gines explica que el costo por atención que realiza su equipo, por fuera de lo que gasta el Municipio, depende del tipo de emergencia. Tomando en cuenta el tiempo del personal, el equipamiento y los recursos que necesitan, se podría hablar de USD 2 500.

Sin embargo, si fuera necesario hacer detonaciones controladas, el costo aumenta.

El número de esas amenazas se multiplicó por seis en el último año. Mientras en los primeros cinco meses del 2018 se registraron 54, en ese período del año pasado hubo nueve.

El aumento de alertas no solo tuvo lugar en la capital, sino a escala nacional. En el 2017, en todo el país, el GIR realizó 52 procedimientos, pero hasta mayo ya se han hecho 135.

Las llamadas falsas de cualquier tipo generan pérdidas. Según datos del ECU 911, cada llamada falsa significa un gasto aproximado de USD 5. El año pasado se realizaron 5,4 millones de ese tipo de llamadas, lo que representan USD 26 millones de pérdidas para el Estado.

La afectación va más allá. Cuando hay una amenaza de bomba, los locales cercanos también sienten las consecuencias. Se prohíbe el paso peatonal, lo que evita que los comercios puedan atender.

Hay pérdidas también cuando un hotel debe evacuar a las personas o cuando los planteles suspenden clases.

Para Gabriel Cortez, jefe de Seguridad de la UDLA, hay dos tipos de llamadas, las primeras hechas por bromistas que buscan llamar la atención y las otras realizadas por quienes desean sembrar terror y crear una cultura de inseguridad y desestabilización. La cultura ecuatoriana, advierte, no está capacitada para actuar ante esas amenazas. En ese sentido, no hay una cultura de prevención ante ese fenómeno.

Cortez sostiene que pese a que las entidades de socorro tienen una respuesta rápida, la reacción civil es muy pobre, por lo que hay que trabajar en capacitación.

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