8 de marzo de 2016 00:00

Los ataques contra las mujeres son más violentos en el campo

Juzgado en el sector Valdivia, donde se conocen casos de violencia. Foto: Mario faustos / EL COMERCIO

Juzgado en el sector Valdivia, donde se conocen casos de violencia. Foto: Mario faustos / EL COMERCIO

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Elena Paucar
sociedad@elcomercio.com (I)

Está sonriente, con la cabeza reclinada sobre la de su mamá. Judith mira fijamente a quien abre el expediente 222 de la Fundación María Guare, en Guayaquil.

La trabajadora social Lourdes Euvin deja atrás la foto y pasa las páginas. Cada hoja revela una historia de dolor que empezó en el 2014, cuando Judit tenía 9 años de edad.

“Lloraba constantemente. Se volvió agresiva”, relató Mercy, la madre, casi un año después a la Fiscalía. “La niña le contó a una profesora que un señor abusaba de ella y los exámenes médicos lo confirmaron”.

Ese hombre, de 45 años, es el tío político de la pequeña.
Por las tardes, cuando volvía de la escuela, la buscaba en la casa de su abuela, donde permanecía junto a sus hermanos cuando su madre trabajaba en una hacienda cercana. La llevaba a un río, en la zona rural de Naranjal, en Guayas. “Ahí la violó en varias ocasiones, hasta que contó lo que le había pasado”, recuerda Euvin.

En el 2015, hubo 79874 causas de violencia ingresadas en las unidades judiciales del país. La cifra es menor a la del 2014, cuando se registraron 80 278.

Las denuncias se presentan en 30 unidades especializadas en violencia contra la mujer o miembros de la familia. Pero todas están en zonas urbanas, lo que representa un problema para quienes viven la violencia en zonas rurales, como indica Miriam Ernest, de la Coalición Nacional de las Mujeres.

Si bien el número de casos en la zona urbana y la rural es casi similar, el nivel de peligrosidad es mayor en el campo, como cita el informe nacional ‘La violencia de género contra las mujeres en el Ecuador’, publicado el 2014 por Unicef. Los casos de alto riesgo son los que ponen en peligro la vida de las personas (ahorcamiento, ataque con cuchillo, violación).

Ernest recordó que antes del 2013 se daban medidas de protección inmediatas en la zona rural. Las mujeres iban a los cuarteles de Policía y se gestionaban boletas de auxilio.
Esa competencia pasó del Ministerio del Interior al Consejo de la Judicatura. “Aún hace falta ampliar el acceso a la justicia. Las mujeres deben viajar para poder denunciar”. Pero el juez Kennet Francis, especializado en estos casos, asegura que las medidas de protección se entregan inmediatamente.

En las zonas donde no existen estas unidades especiales, los casos pasan a Unidades Multicompetentes (144, con 304 jueces). El caso de Judith, precisamente, se trata en una unidad multicompetente de Naranjal. Pero la valoración psicológica tuvieron que hacerla en Guayaquil, porque en su zona no hay especialistas.

Mónica Váscones da asesoría legal a la familia de Judith. Ella dice que “al igual que muchas personas que viven en el campo”, la madre no sabía dónde denunciar. “Supimos del caso. Entonces comenzamos el proceso penal”, cuenta la abogada, que viaja seguido a Naranjal para los trámites.

“En el área rural la violencia se soporta en silencio”, agrega Beatriz Bordes, presidenta de María Guare. “Muchas mujeres no saben leer ni escribir. Hay muchos casos de incesto y violaciones a niños que quedan en la impunidad”.

Esta Fundación tiene 26 años denunciando la violencia de género, tiempo en el que ha recopilado más de 300 000 casos. Para mantenerse debe hacer de todo, hasta bingos.

Y pese a los esfuerzos, en este año no lograron continuar con las extensiones en Daule (Guayas) y en la provincia de Santa Elena, que funcionaron por casi 20 años. Debieron cerrarlas, aunque reconocen que la violencia está más enraizada en zonas rurales como estas.

Ahora se concentran más en Bastión Popular, una zona urbano-marginal del noroeste de Guayaquil, donde viven unas 88 000 personas. En su mayoría son familias de quienes migraron de áreas rurales, en las que se suelen reproducir viejos patrones de violencia, según la Fundación.

Aquí realizan talleres para formar lideresas que identifiquen los más sutiles signos de violencia. Y que aporten a prevenir casos como el de Judith, que ya cumplió ocho meses entre audiencias y terapias.

Dentro de 20 días la pequeña asistirá a una de las últimas consultas con la psicóloga Carmen González. “Ha mejorado mucho y ya habla de su futuro -dice la especialista-. Quiere ser tantas cosas, hasta psicóloga”. En noviembre, en una de las salas de la Fundación, Judith festejó sus 11 años.

En contexto

Este 8 de marzo se recuerda el Día Internacional de la Mujer. La violencia de género requiere mayores esfuerzos. Como parte de las inicia­tivas, la Coalición de Mujeres impulsa una ley en Ecuador. Más información en: http://bit.ly/1OXUROH.

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