1 de noviembre del 2016 00:00

Aseguradoras están obligadas a seguir con planes corporativos

Marcelo Ortega, presidente de la Comisión de resolución de primera instancia, de la Superintendencia de Control de Mercados, habló sobre los seguros de medicina prepagada. Lo acompañó Marlon Vinueza (izq.), intendente de investigación de prácticas ilegale

Marcelo Ortega (der) Pdte. de la CRPI anunció las medidas preventivas para el sector. Foto: cortesía API

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Sofía Ramírez
Redactora (I)
sramirez@elcomercio.com

Ayer, 31 de octubre del 2016, Salud SA dio marcha atrás en su decisión de caminar hacia una terminación de sus contratos corporativos. Esto luego de que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM) dictó medidas preventivas que obligan a esta firma a suspender temporalmente esta decisión.

El presidente de la Comisión de Resolución de Primera Instancia (CRPI) de esta entidad, Marcelo Ortega, señaló ayer que las dos medidas preventivas fueron firmadas el 27 de octubre pasado.

La primera es la suspensión temporal de las terminaciones unilaterales de los contratos corporativos de medicina prepagada que haya sido notificada a los clientes corporativos.

Y la segunda es la prohibición temporal para que otros operadores del mercado terminen unilateralmente los contratos empresariales de seguros médicos.

Ambas medidas durarán 180 días, hasta que se publique el reglamento a la Ley.

En tanto, ayer en la tarde, vía Twitter, la compañía señaló que “de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia continuará en vigencia los planes corporativos contratados: Éstos no fueron anulados”.

A inicios de octubre, Salud S.A. anunció que daría por terminados 170 000 contratos corporativos con 600 empresas debido al impacto que supondrá para la firma cumplir con la disposición quinta de la Ley que regula a la medicina prepagada, en vigencia desde el 17 de octubre pasado.

Esta disposición obliga a las empresas de medicina prepagada a reembolsar al IESS o al Ministerio de Salud cuando uno de sus clientes opte por un hospital público. Según el sector de medicina prepagada, el reembolso ascendería a USD 150 millones al año.

Maytte Gavilanes, comunicadora social de una firma privada, accedía hace más de tres años al plan de medicina prepagada con Salud SA, a través del contrato corporativo de su esposo. El plan le permitía, en parte, cubrir los costos del Síndrome de Sjögren, que destruyen las glándulas que producen lágrimas y saliva. Esto le produce resequedad en boca y ojos. Gavilanes comentó que el anuncio de Salud S.A. de dar por concluido el contrato corporativo le preocupó porque el plan contratado por su esposo le permitía acceder a medicinas.

También tenía previsto realizarse tres intervenciones para este mes. Pero la notificación de que su contrato se cancelaría le impidió acceder a estos servicios. Ahora espera una nueva notificación que confirme si su contrato sigue vigente, después de anunciarse las medidas preventivas.

A M. Hernández, trabajadora de una empresa privada, en cambio, dijo que el jueves pasado le llegó un mail indicándole que su plan corporativo con Salud S. A. se mantenía con las condiciones contratadas a inicio de este año.

Gustavo Zevallos, director comercial de Serviseguros, aseguró que hasta ayer no recibió ninguna notificación por parte de Salud SA, en la que indique las nuevas acciones a tomar luego de darse a conocer las medidas preventivas.

Comentó que la decisión de esta firma de terminar los contratos causó preocupación entre los clientes corporativos.

Este Diario contactó ayer telefónicamente al representante de Salud S.A., pero hasta el cierre de esta edición el ejecutivo dijo que estaba ocupado y no pudo atender la entrevista.

Eugenia Toro, gerente de la empresa de medicina prepagada Mediken ubicada en Guayaquil, señaló que las medidas preventivas no afectan su negocio, ya que de todas las empresas del sector solo una decidió dejar el segmento empresarial.

No obstante, Toro afirmó que existen otros artículos de la ley que le preocupan. Uno de ellos es el capital social de USD 1 millón con el que deberán cumplir. Hoy la empresa tiene USD 600 000 de capital social. Mediken está haciendo todos los análisis financieros para poder cumplir con el nuevo monto establecido en la Ley que regula a la medicina prepagada. Dijo que el tema será estudiado por los accionistas de la firma.

Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), dijo: “si una empresa decide restringir o cambiar las condiciones de su participación en el segmento corporativo es una decisión comercial y no debería quedar sujeta a medidas coercitivas o condicionantes”.

Y señaló que el problema de la Ley actual está en que las firmas de medicina prepagada tendrán que hacer frente a un aumento significativo de sus obligaciones y el efecto de esto será el encarecimiento de los planes, y eventualmente la reducción del sector.

Para Esteban Chediak, vicepresidente comercial del ‘bróker’ de seguros Tecniseguros, el problema de esta ley, además de las medidas preventivas, es que el usuario tiene que pagar dos seguros: uno obligatorio y otro voluntario.

Con ello -explica el ejecutivo- si el usuario decide usar uno (el IESS), la Ley obliga a la empresa de medicina prepagada a cancelar al Seguro Social por las atenciones; y, pese a que el IESS ya recibió las aportaciones mensuales, las empresas le vuelven a pagar.

En contexto

El IESS, el 10 de octubre pasado, solicitó a la SCPM medidas cautelares contra las empresas de medicina prepagada para evitar que se salgan del segmento corporativo e incrementen los precios de sus tarifas. Este último no se incluyó en las medidas preventivas.

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