9 de noviembre de 2017 13:34

23 de 74 asambleístas del bloque de Alianza País se declaran correístas

24 legisladores de Alianza País dijeron reconocer como su líder al exmandatario Rafael Correa y cuestionaron dos preguntas de la consulta popular, este jueves 9 de noviembre del 2017. Foto: Pavel Calahorrano/ EL COMERCIO

23 asambleístas de Alianza País y un legislador alterno dijeron reconocer como su líder al exmandatario Rafael Correa y cuestionaron dos preguntas de la consulta popular, este jueves 9 de noviembre del 2017. Foto: Pavel Calahorrano/ EL COMERCIO

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Diego Puente
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Son parte del grupo de asambleístas de Alianza País (AP) que se ha mostrado crítico con el presidente de la República, Lenín Moreno, y que rechaza al menos dos preguntas de la consulta popular planteada por el Ejecutivo. 23 legisladores, de los 74 que integraban el bloque oficialista que llegó al Parlamento (entre aliados y militantes de Alianza País), reconocieron este jueves 9 de noviembre del 2017 a Rafael Correa como su líder.

Los asambleísta Gabriela Rivadeneira, Marcela Aguiñaga, Doris Soliz, Augusto Espinosa, Pabel Muñoz, Carlos Viteri Gualinga, Wendy Vera, Marcela Holguín, entre otros, se citaron en la Asamblea Nacional de Ecuador. A ellos se sumó Luis Molina, legislador alterno de Mónica Alemán. 

Lira Villalba, legisladora de Alianza País por Tungurahua, leyó un comunicado de “lealtad” y “defensa a los principios y logros de la Revolución Ciudadana, liderados por Rafael Correa”.

En el sexto punto del texto, se mencionaron las dos preguntas que provocan desacuerdo en el interior de AP frente a la consulta popular. La primera es sobre la eliminación de la reelección indefinida, para que en la Constitución vuelva a regir el texto aprobado en Montecristi (solo una reelección).

La otra pregunta cuestionada por el grupo correísta es la que plantea el cese del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y la creación de un Consejo transitorio para evaluar a las actuales autoridades de control. “Ningún golpe de Estado, menos aún los institucionales, pueden ser permitidos”, sostuvo Pabel Muñoz, quien fue ministro de Correa, como titular de Planificación y Desarrollo en la Senplades.

El cese de una institución ya se produjo una vez luego de la aprobación de la Constitución de Montecristi (2008) por consulta popular. En el referendo del 7 de mayo del 2011,  Correa preguntó a los ecuatorianos: “¿Está usted de acuerdo en sustituir al actual pleno de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres miembros elegidos, uno por la Función Ejecutiva, otro por el Poder Legislativo y otro por la Función de Transparencia y Control Social?”. En las urnas ganó el sí y ese fue el inicio de la reestructuración judicial, con la conformación de una nueva Corte Nacional de Justicia, inclusive.

A Muñoz le preocupa que dentro de la pregunta del Cpccs no se establezca un período determinado en el que funcionaría el Consejo transitorio. También le inquieta la conformación del nuevo Consejo, en caso de que se apruebe la consulta. “Le queremos pedir a la Corte Constitucional que vele para que esos consejeros tengan la voz y la representación ciudadana” y provengan de acuerdos políticos entre el Gobierno y la Asamblea.

Por otro lado, los legisladores correístas rechazaron lo que -según ellos- sería un uso político de la institucionalidad estatal “particularmente la Contraloría para la persecución y retaliación a quienes piensan diferente”. Al final de la declaración, los asambleístas que estuvieron en la mesa abandonaron la sala y no respondieron a las preguntas formuladas.

Solo la legisladora Soledad Buendía habló con la prensa sobre la vinculación del vicepresidente de la República, Jorge Glas que se realizó también la mañana de este jueves.

El fiscal general del Estado, Carlos Baca, aseguró que el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, se benefició de USD 13,5 millones en sobornos pagados entre el 2012 al 2016 por Odebrecht, a través de Ricardo Rivera. Buendía respondió que se respetará la “independencia de las funciones” y que hay un pedido de juicio político que será analizado en el CAL.

El martes pasado, un grupo de 47 legisladores de Alianza País (AP) en cambio firmó un documento de apoyo a Lenín Moreno y al llamado a la consulta popular como un instrumento de participación ciudadana. Entre las firmas de ese pronunciamiento estaba la de Soledad Buendía.

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