1 de junio de 2015 18:22

Asambleísta Diego Salgado pide trasparentar la información

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Paúl Zamora

“Una de las obligaciones y de las grandes deudas de la Asamblea Nacional es la fiscalización”. Con este argumento el Asambleísta de Creo, Diego Salgado, presentó la mañana del 1 de junio, el pedido de un criterio vinculante a la Procuraduría General del Estado respecto de los pedidos de información que hacen los legisladores a las funciones del Estado.

Según Salgado este, que es el primer paso para fiscalizar, ha sido truncado por orden del presidente Rafael Correa. “En la sabatina del 13 de octubre del 2012 amenaza a sus ministros con destituirlos si dan ‘una letra de información si no es a través de la presidencia de la Asamblea Nacional” recordó Salgado.

Según él, esta orden contraviene expresamente el Artículo 110 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que faculta a los legisladores a pedir información “directamente a las y los servidores públicos” además de la Ley de Transparencia y la Constitución. Salgado señaló que durante este periodo legislativo realizó más de 50 pedidos de información. Sólo dos ellos recibieron respuesta. En los documentos se informaba que no se le dará la información requerida por orden del Presidente.

Correa señaló a la corrupción como un “cáncer social” durante el informe a la nación el 24 de mayo pasado. Una asambleísta de su movimiento fue detenida a la salida de este informe por supuesto cohecho. Según Salgado estos hechos no son más que cortinas de humo y se producen porque el Gobierno sabe que la fiscalización y lucha contra la corrupción es una deuda de su Gobierno.

Según el Observatorio legislativo, más de 500 solicitudes que se hacen a través de la presidencia de la Asamblea no han recibido respuesta.

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