15 de noviembre de 2016 11:38

Asambleísta de Avanza propone juicio político en contra de Carlos Ochoa

Según Ochoa se trató de un error de transcripción y negó que se haya tratado de modificar la Ley omitiendo las prácticas legislativas. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Según Ochoa se trató de un error de transcripción y negó que se haya tratado de modificar la Ley omitiendo las prácticas legislativas. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Mario Alexis González

La polémica por la impresión de 300 000 Leyes de Comunicación de bolsillo por parte de la Superintendencia de la Comunicación (Supercom) volvió. Este martes, 15 de noviembre del 2016, Gabriela Díaz, líder del bloque legislativo de Avanza, anunció que impulsará un juicio político en contra del titular de esa entidad: Carlos Ochoa.

El trabajo de fiscalización -según Díaz- arrancó hace dos meses. Solicitó a la Supercom la entrega de todas las resoluciones de sanción por parte del órgano de control, con base a la transitoria sexta de la Ley.

Esa parte de la norma se imprimió con una imprecisión en las leyes de bolsillo. Según Ochoa se trató de un error de transcripción y negó que se haya tratado de modificar la Ley omitiendo las prácticas legislativas.

El caso se destapó ya que en las leyes de bolsillo se corrigió la transitoria sexta de la Ley, que tenía un error de origen en su publicación en el Registro Oficial. El cuerpo original dice que se sancionará la gradualidad de los contenidos musicales en base al artículo 102, cuando lo correcto es el 103. Ese cambio se hizo en los impresos de la Supercom.

Díaz aseguró que ahora tiene en su poder un archivo de 500 páginas que le otorgan “todos los argumentos legales para iniciar un juicio político”. Ahora, empezará la recolección de 37 firmas de legisladores para legalizar el pedido ante la Asamblea.

Además, en la Fiscalía se realiza un proceso legal por este tema. El Colegio de Abogados de Pichincha presentó la causa. El supuesto delito del que se acusa a Ochoa se basa en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla el delito de falsificación y la sanciona con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Díaz, acompañada de otros legisladores de oposición como Antonio Posso (Avanza), Patricio Donoso (Creo) y Fernando Bustamante (Independiente), también solicitó públicamente la suspensión del proceso de asignación de frecuencias de radio y TV.

Argumentó que la denuncia presentada por el vicepresidente Jorge Glas y la secretaria de la política, Paola Pabón, sobre el supuesto pago de coimas para la asignación de una frecuencia pone en duda la transparencia del proceso. Este no es el primer pedido de este tipo, la semana anterior Lourdes Tibán (Pachakutik) hizo una solicitud similiar.

Sin embargo, el 14 de noviembre Ana Proaño, de Arcotel; y Tamara Merizalde, del Cordicom; informaron que el concurso de frecuencias continuará bajo el cronograma establecido. Ambos organismos están a cargo del concurso para asignación de frecuencias. Calificaron la denuncia como un “caso aislado”.

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