14 de abril del 2016 00:00

La Asamblea investiga los ‘Panama Papers’

La Comisión de Justicia analizó ayer las denuncias sobre el caso desatado por los 'Panama Papers'. Foto: Flicker de la Asamblea

La Comisión de Justicia analizó ayer las denuncias sobre el caso desatado por los 'Panama Papers'. Foto: Flicker de la Asamblea

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Redacción Política
y Sociedad (I)

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional se reunió ayer, 13 de abril, por primera vez para analizar la investigación mundial conocida como ‘Panama Papers’. Se redactaron los oficios para solicitar documentación a 10 entidades públicas, con el fin de cruzar datos.

El presidente de esa mesa, Mauro Andino, dijo que con la información que aporten se podrá tener elementos para “contrainterrogar” a los funcionarios vinculados con empresas de papel en Panamá, según el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Estaba previsto enviar los oficios la tarde de ayer al SRI, Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, Superintendencia de Bancos, etc.

Cuando se tenga esos datos, dijeron los asambleístas, se conocerá si cumplieron con sus obligaciones tributarias, el tipo de propiedades que se registraron a nombre del funcionario público o de sus familiares, las declaraciones juramentadas de inicio y fin de gestión de por lo menos de los últimos siete años.

La segunda acción que tomará la comisión es invitar a Javier Molina, exasesor externo de la Secretaría de Inteligencia, y al fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga. Sus nombres -junto con el de Pedro Delgado expresidente del Banco Central, son los únicos que aparecieron en la información difundida por el Consorcio de Periodistas.

La legisladora de Alianza País, Marisol Peñafiel, también pidió que se llame a su par Andrés Páez, quien fue señalado, por el diario El Telégrafo, por supuestamente tener cuentas en el extranjero. Páez, en respuesta, mostró un certificado del Lloyds TSB Bank donde se asegura que se acreditaron de forma errónea a su cuenta USD 900 000 y por lo cual la firma se disculpa.

“Me acusan de ser socio de una empresa de mi hermano sin pruebas. No lo van a probar porque no lo soy ni tengo activo en su empresa”.

Páez confirmó ayer que solicitó una rectificación a El Telégrafo con base a la Ley.

Guillermo Lasso también volvió a referirse a la publicación de ese Diario ayer, desde Guayaquil. “He sido transparente. Cuando uno invierte en un banco del exterior capta recursos y presta a los ecuatorianos. Lo que he hecho canalizar la inversión extrajera al país”.

La Comisión de la Asamblea también convocará a los periodistas ecuatorianos que trabajaron junto con el ICIJ. Se trata de Arturo Torres, Andrés Jaramillo y Alberto Araujo, de EL COMERCIO, y Mónica Almeida, Xavier Reyes y Paúl Mena, de El Universo. Ellos serán invitados y quedará a su criterio asistir a una audiencia dentro del organismo legislativo. El pedido fue de Gina Godoy, asambleísta de A. País.

La asambleísta de Pachakutik, Magali Orellana, pidió tener cuidado para no afectar al trabajo que realizaron los comunicadores. “Me preocupa que ahora se nombren a medios de comunicación”, enfatizó la legisladora.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) también centró su atención en los reporteros. Ayer difundió a través de su cuenta de Twitter una “carta pública” a siete comunicadores invitándolos a que acudan a una reunión el 19 de abril.

En la búsqueda de la información los periodistas de este Diario priorizaron los casos de interés público. Es decir de hechos que hubieren afectado a la comunidad. Ese, precisamente, fue el enfoque de la investigación publicada sobre el grupo Ortega Trujillo y la creación de empresas en Panamá, en perjuicio de miles de personas estafadas por la compañía Terrabienes.

En cumplimiento de la ley, la Constitución y su Código de Ética, este Diario no ha publicado ni publicará indiscriminadamente cualquier nombre, de personas o empresas, a no ser que estuvieren vinculados con casos de supuesta corrupción.

En contexto 

El 3 de abril pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó la investigación mundial ‘Panama Papers’. Ahí se analizó información que relacionaban a figuras de la política, el deporte y los negocios con la firma Mossack Fonseca.

Preguntas claves de la investigación transnacional del ICIJ

¿Por qué el ICIJ no publicó todos los archivos de ‘Panamá Papers’? El ICIJ es una organización de periodistas, que reportea historias que son de interés público. Otras partes de la información son de naturaleza privada y no son de su interés divulgarlas.

¿Quién financia al ICIJ? Se trata de una organización sin fines de lucro. Depende de fundaciones de beneficencia y del apoyo financiero del público. No tomamos financiamiento de gobiernos. Sin el apoyo de nuestros lectores no podemos existir.

¿El ICIJ publicará la base de datos de todas las personas y compañías? A inicios de mayo ICIJ revelará los nombres de más de 214 000 firmas offshore creadas por Mossack Fonseca y la gente conectada a ellas (beneficiarios, accionistas o directores).

¿Los periodistas recibieron algún pago por su trabajo? Ninguno de los periodistas recibió remuneración económica por trabajar en este proyecto. Su investigación fue apoyada por los medios y centros donde trabajan, en la mayoría de los casos.

¿Por qué es importante esta investigación? Este proyecto expone fallas sistémicas en la economía global de las firmas offshore. Revela cómo políticos, banqueros, criminales y celebridades han tomado ventaja del secreto que les proveen los paraísos.

¿Compartirá el ICIJ los Panamá Papers con los gobiernos? El Consorcio de Periodistas no es un arma de cumplimiento de la ley y tampoco un agente del Gobierno. Es una organización periodística independiente que sirve al público a escala global.

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