Desde mayo del 2013 a la Asamblea Nacional han llegado 98 propuestas de reformas a leyes, cifra que duplica al número de propuestas integrales que han sido enviadas en el mismo período y que llegan a 49. Las normas que han recibido más solicitudes de modificación son precisamente aquellas que han sido aprobadas o reformadas durante la Revolución Ciudadana (102 leyes aprobadas por la Asamblea entre el 2009-2013).
Resalta por ejemplo el Código de la Democracia; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad); Ley de Educación Intercultural, Ley de Servicio Público y el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
¿Reformitis aguda o leyes que necesitan reales ajustes? “Una reforma tras otra verdaderamente me preocupa”, dijo el legislador oficialista Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia.
Las posiciones son diferentes en la Asamblea. Para legisladores como Ramiro Aguilar (Independiente), los asambleístas proponen cambios menores a las normas para subir sus estadísticas. Así, al finalizar su período, contarán con algún proyecto presentado. “Creo que no debe caber polución en las leyes”; por ello no ha presentado ni presentará ninguna reforma.
El oficialista Fausto Cayambe mira con normalidad los pedidos de cambios a las leyes, pero pide contextualizar.
Recordó que están construyendo un nuevo marco jurídico pues la Constitución del 2008 obligó a que todas las leyes se deben adecuar a los nuevos principios constitucionales. Según sus cálculos, alrededor de 200 nuevas normas se han aprobado desde Montecristi: “debemos adaptar toda la filosofía constitucional”.
El tema va mucho más allá, dice Luis Fernando Torres. En el oficialismo “hay mucha aventura al incorporar normas jurídicas y creen que resolverán problemas, pero cuando se aplican vienen los efectos”.
Él ha propuesto dos reformas concretas: al artículo 1 de la Ley de Derechos Laborales porque –asegura- ha distorsionado la aplicación de la capacidad coactiva del Estado. También impulsó la reforma al artículo 67 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que guarda relación con los procesos de repetición. Insiste en que estas reformas nacen de la realidad y no como otras que nacen de los aires o de la “pura imaginación”.
De las 98 reformas propuestas desde mayo del 2013, el 64% pertenece a legisladores de oposición. El oficialista Virgilio Hernández, quien fue parte del Consejo de Administración Legislativa, desde mayo del 2013 a mayo del 2015, conoce de cerca las propuestas y asegura que se presentan reformas de un artículo que son o “intrascendentes o inconstitucionales”. Y por eso no prosperan.
Antonio Posso (Avanza) es un opositor que ha presentado cinco reformas de Ley. Lo hace porque, insiste, el oficialismo no ha incluido sus propuestas durante la formación de leyes y, en este escenario, presentar reformas es la única manera de que sus críticas queden registradas.
Pero las reformas no solo vienen desde la oposición, un 36% de las iniciativas han surgido del propio oficialismo. Por ejemplo, Gabriela Rivadeneira propuso reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa; Marisol Peñafiel y Soledad Buendía al Libro II del Código Civil o Gabriel Rivera propuso cambios en el Cootad…
Sin embargo, ha sido el propio presidente Rafael Correa, en su calidad de colegislador, quien ha enviado en este período una decena de reformas entre las que se incluyen cambios al Sistema Nacional de Contratación Pública; Ley de Telecomunicaciones; Educación Intercultural; Código de la Democracia y otros.
Pero para los opositores, lo que más llama la atención es que el Mandatario haya presentado una reforma a 13 artículos del COIP, aprobado por el oficialismo en diciembre del 2013, y que además haya anunciado una reforma referente a la dosimetría por contrabando de combustibles. Andino, como ponente del COIP, recordó que la norma fue aprobada en conjunto con la
“No se puede dejar de reconocer que puede haber vacíos y errores en la normas que son perfectibles”, aseguró Hernández. Sobre las propuestas individuales, ratificó que como bloque hicieron un compromiso que está expresado en un solo plan y es “inadecuado” que cada legislador tenga iniciativas particulares.
Más allá de las reformas puntuales, existen textos que son modificados como efecto colateral. Por ejemplo, la reciente aprobada Ley de Alianza Público-Privada implicará la reforma de al menos 10 normas, entre estas el Código Orgánico de Descentralización Territorial y la Ley de Comunicación.