2 de agosto de 2016 21:45

Asamblea analiza pedido de la Corte para levantar inmunidad a Cléver Jiménez

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Mario Alexis González
Redactor (I)

“El pedido carece de análisis jurídico, ya que (Cléver) Jiménez ya no es asambleísta”. Esa es la respuesta de Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, cuándo se le consulta sobre el pedido de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El pasado jueves 28 de julio del 2016, el juez de la CNJ, Jorge Blum, solicitó al pleno de la Asamblea Nacional “la respectiva autorización para iniciar la causa penal en contra de Jiménez”, es decir, que se levante la inmunidad parlamentaria.

Esto porque, según la providencia de Blum, el fiscal General, Galo Chiriboga, le solicitó, mediante escritos fechados el 2 y 9 de junio pasado, que se señale el día y la hora para “formular cargos” en contra de Jiménez y Fernando Villavicencio por un supuesto 'hackeo' al correo del presidente Rafael Correa.

Aguiñaga aseguró que no se puede levantar la inmunidad a Cléver Jiménez, más aún cuando se trata del juzgamiento de un delito común, que no tiene nada que ver con las funciones y atribuciones de un legislador.

En su opinión, la Asamblea debería emitir una respuesta certificando que Cléver Jiménez ya no es legislador para que el propio juez Blum vuelva a analizar el enfoque jurídico.

“Falta prolijidad en el estudio de la causa cuando ya hay una sentencia de la propia Corte y cuando otro juez dijo que no se necesitaba levantar la inmunidad porque era un delito común”, dijo la política porteña, este 2 de agosto ante los medios de comunicación.

Recordó que la Asamblea tiene 30 días para responder el pedido de Blum e informó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) analizará si la respuesta se discute en el pleno, puesto que el pedido está dirigido a esta instancia.

Ramiro Aguilar (Independiente) concuerda con Aguiñaga, en el sentido de que no se puede levantar la inmunidad a alguien que ya no funge como asambleísta. Sin embargo, destaca la actitud del juez Blum al revisar algo que Jiménez ha postulado en su defensa.

Por su parte, Magali Orellana, compañera de partido de Jiménez, mira este hecho como una muestra clara de que en el 2014 se violaron los derechos legislativos de Jiménez al ser juzgado sin la autorización del legislativo y que incluso se haya allanado su oficina.

“Cualquier respuesta de la Asamblea servirá de prueba para la denuncia que tiene (Cléver Jiménez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, expuso la legisladora..

El 9 de noviembre del 2013, en un Enlace ciudadano, el vicepresidente Jorge Glas pidió al fiscal Chiriboga, que inicie una investigación penal en contra del entonces asambleísta, por supuestamente haber asegurado que cuenta con información proveniente de un correo electrónico del presidente Correa sobre el caso Chevron.

Posteriormente, el 18 de diciembre de ese año, el mismo juez Blum autorizó a la Fiscalía dirigir, como un acto urgente, los allanamientos a los domicilios de Jiménez y Villavicencio.

Ahora, en la nueva providencia, se asegura que la Fiscalía solicitó “erróneamente” esos allanamientos pues estuvieron “fuera de la indagación previa”.

El delito por el que podrían ser procesados es el 202 del anterior Código Penal, que estaba vigente en la fecha que ocurrieron los hechos. En esa norma se dice que: “El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de USD 500 a USD 1 000”.

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