6 de octubre de 2016 10:57

Comisión de Salud de la Asamblea se allanó a la Ley que plantea que aseguradoras reembolsen al IESS

La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional se allanó al veto presidencial del proyecto de Ley que regula a las empresas de medicina prepagada. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional se allanó al veto presidencial del proyecto de Ley que regula a las empresas de medicina prepagada. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Sofía Ramírez

Con 11 votos a favor y una abstención, la Comisión de Salud se allanó al veto presidencial del proyecto de Ley que regula a las empresas de medicina prepagada y aseguradoras que ofrecen pólizas de asistencia médica.

A las 07:00 de hoy, jueves 6 de octubre del 2016, la Comisión se reunió para analizar las 14 observaciones que remitió el Ejecutivo a la norma.

El principal cambio sugerido por el Ejecutivo apunta a que aseguradoras y empresas de medicina prepagada reembolsen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o al Ministerio de Salud cuando los afiliados que tengan seguros privados opten por la red de salud pública. La medida genera preocupación entre las empresas del sector.

Por ejemplo, si una persona tiene un seguro privado que le cubre hasta USD 5 000 y opta por un hospital del IESS para realizarse una operación que cuesta USD 15 000, la empresa de medicina prepagada deberá reembolsar al Seguro Social los USD 5 000 de la póliza menos el deducible. Estas empresas privadas también deberán reembolsar al Estado si los afiliados son derivados por la red pública a hospitales privados. El IESS calcula que recibirá de aseguradoras y empresas de medicina prepagada unos USD 70 millones al año por este concepto.

Con 11 votos a favor y una abstención, la Comisión de Salud se allanó al veto presidencial del proyecto de Ley que regula a las empresas de medicina prepagada. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Con 11 votos a favor y una abstención, la Comisión de Salud se allanó al veto presidencial del proyecto de Ley que regula a las empresas de medicina prepagada. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

La medida podría generar un déficit de USD 63 millones al año al sector, según datos de la Asociación de Empresas Ecuatorianas de Medicina Integral Prepagada (Aeemip).

William Garzón, presidente de la Comisión, señaló que el tema de reembolso debe considerarse como una "corresponsabilidad" de las empresas privadas con el afiliado. Esto porque el usuario paga al mes un plan y la firma tiene la obligación de cubrir todas sus necesidades. Insistió en que si el usuario se atiende en el sistema público de salud las empresas tienen la obligación de cubrir estas prestaciones aunque sean del Estado.

Durante la sesión, asambleístas como Byron Pacheco (Avanza) cuestionó las cifras de utilidades presentadas en un informe del IESS y que suman USD 221 millones en el 2014.

Blanca Argüello, legisladora oficialista refutó este criterio e indicó que para la redacción del texto se tomó en cuenta la información presentada por la Aeemip en el informe para el primer debate en febrero pasado. Y no se tomó en cuenta los estudios actuariales del IESS, porque estos fueron presentados para la Ley de Incentivos.

En cuánto a la congestión que se podría generar en el sistema público de salud, por la terminación de contratos corporativos de medicina prepagada en algunas firmas. Y la posible alza en el costo de pólizas y planes, Argüello sostuvo que las firmas privadas "están engañando" y consideró que sí tienen la sostenibilidad financiera para acatarse a la ley.

Está tarde la Comisión entregará el informe para que se incluya en la agenda del Pleno para la aprobación final de la normativa. La fecha límite para aprobar el texto es el 17 de octubre próximo.

La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional se allanó al veto presidencial del proyecto de Ley que regula a las empresas de medicina prepagada. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional se allanó al veto presidencial del proyecto de Ley que regula a las empresas de medicina prepagada. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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