El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las resoluciones en donde se estableció los nombres de los presuntos responsables de la violación de derechos. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este martes 29 de septiembre del 2015 dos resoluciones en las cuales se estableció los nombres de los presuntos responsables de la violación de derechos por la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia, durante el Congreso del 2004.
En noviembre del 2013, tras un litigio de nueve años, el Estado ecuatoriano fue condenado a pagar USD 15 millones de indemnización por la destitución de los 27 exjueces y nueve exvocales constitucionales, por considerar que hubo violación de derechos. Hasta el momento, se han desembolsado USD 12 353 709 y le resta al Estado por pagar 3 496 116, que se deberá cancelar hasta el 30 de marzo de 2016.
Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea y quien presentó los informes, explicó que el derecho de repetición es un mecanismo a través del cual el Estado busca recuperar los dineros que pagaron a los exfuncionarios, a manera de reparación. “No se trata de una persecución ni de una cacería política”.
Para Gilmar Gutiérrez, del PSP, y que votó por la destitución de los exmagistrados en el 2004, no hay argumentos jurídicos legales ni constitucionales para aplicarles el principio de repetición. Acusó al Estado de no haber ejercido una adecuada defensa en los casos y acude al artículo 137 de la Constitución de 1998 que sostiene que los diputados no serán civil ni penalmente responsables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.
Luis Fernando Torres, quien formó parte del Congreso del 2004 como socialcristiano y no apoyó la destitución de los jueces, señaló que su firma aparece en el informe para abrir el debate sobre la responsabilidad civil de los diputados, lo que consideró un tema delicado. Señalo que es debatible que la Presidenta de la Asamblea haya involucrado al Pleno y que “ninguno de nosotros puede eludir la responsabilidad de pronunciarse sobre el tema, pues está de por medio un pedido del Procurador para recuperar dinero del Estado”.
“No estoy de acuerdo con lo que están haciendo pues un asambleísta no puede ser penalmente responsable de su voto, pues somos representantes de los ciudadanos”, fueron las palabras del opositor Ramiro Aguilar.
El informe sobre los responsables de la destitución de los exmagistrados del Tribunal Constitucional tuvo 75 votos afirmativos; el informe que establece la responsabilidad de los exdiputados que destituyeron a los jueces de la Corte Nacional de Justicia tuvo 76 votos afirmativos. En las dos resoluciones se establece que el Procurador General del Estado, conjuntamente con los representantes legales de las funciones del Estado vinculadas, presente la demanda de repetición correspondiente.