29 de octubre del 2015 00:00

La Ley para las Asociaciones Público-Privadas mostró fisuras en el oficialismo

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Carolina Enríquez
y Paúl Zamora
Redactores (I)

La aprobación de la Ley para las Asociaciones Público-Privadas dejó dividido al bloque oficialista de Alianza País (AP).

Si bien la norma fue aprobada con mayoría oficialista, los legisladores de esa bancada prefieren no dar declaraciones sobre el altercado que mantuvieron, la noche del martes, Juan Carlos Cassinnelli y Virgilio Hernández, ambos integrantes de dos comisiones económicas y con voz y voto dentro del bloque legislativo.

Un video registró ese momento. Antes de la aprobación de la Ley, se observa a Hernández -más bien ligado a los sectores de izquierda-, acercarse, visiblemente molesto donde Cassinelli para increparlo.

La discusión subió de tono, siendo necesaria la intervención de legisladoras como Rosa Elvira Muñoz y Soledad Buendía, además de la Escolta Legislativa, que los separó.

Fuentes que pidieron no ser citadas explicaron que la discusión del martes se dio por elementos que fueron incorporados al proyecto de ley, al parecer, sin el suficiente debate y con cambios de última hora.

De hecho, las contradicciones en el bloque se hicieron visibles durante todo el tratamiento del proyecto urgente. En la redacción y votación para el informe de primer debate en la Comisión de Desarrollo Económico hubo un roce entre Oswaldo Larriva y Cassinelli, por las exigencias del primero para que se incluyeran las observaciones hechas por empresarios cuencanos.

Luego, un día antes del primer debate y, con el informe aprobado, la Comisión convocó a una nueva reunión para que más actores presentaran planteamientos. Sorpresivamente, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, llegó con la propuesta de que se incluya la remisión de intereses y multas a 162 000 empleadores en mora patronal. Este tema y el de sectores estratégicos habrían generado la polémica en adelante.

Las posiciones divergentes en AP con relación a la posibilidad de que la empresa privada invierta en dichas áreas habría llevado a la suspensión, a última hora, del primer debate que debía darse el jueves 15 de octubre. En esa coyuntura, además, se produjo la renuncia de la ministra de la Producción, Nathalie Cely, quien estuvo a cargo de la redacción del documento.

El tema de sectores estratégicos causó más estragos, por lo que el lunes 20 el bloque se reunió en la tarde para analizar el tema. Se acordó que no se podría invertir en sectores estratégicos en el marco de las asociaciones público-privadas.

Esto volvió a quedar en claro en el Pleno durante el primer debate. Ese lunes, el oficialista Omar Juez introdujo el tema de la remisión de intereses y multas para deudores patronales.

El jueves 22, la Comisión volvió a reunirse para desarrollar el informe para segundo debate. Además de la lluvia de pedidos de remisión de multas e intereses, ciertos oficialistas mostraron su desacuerdo con la ratificación del impuesto del 2x1 000 para las actividades comerciales en Guayaquil, pero finalmente se mantuvo.

La cosas se complicaron al día siguiente cuando la Comisión debía votar el informe. Sorpresivamente se decidió llevar la sesión a puerta cerrada. Tras ocho horas de discusión, el texto pasó de ocho a 30 artículos dando un giro inesperado: se incluyó a las hidroeléctricas, parte de los sectores estratégicos, como áreas de inversión en el proyecto de ley.

Las tensiones se sintieron en el segundo debate, la noche de este martes. Virgilio Hernández y Fausto Cayambe plantearon que la remisión en el IESS fuera solo una transitoria a fin de que el beneficio sea temporal y que se concreten los tiempos para los beneficios tributarios de las APP.

Aquello no se acogió. El informe final, que se leyó a las 20:00 luego de una hora de receso (debían ser 20 minutos), no contenía ni esos ni otros pedidos formulados en el Pleno.

El ambiente se caldeó y, nerviosa, Lídice Larrea, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, pidió cinco minutos más de receso que se convirtieron en una hora adicional. En ese lapso ocurrió el impasse entre Hernández y Cassinelli, acompañado de gritos en la zona oficialista, mientras la oposición solo observaba.

A las 21:00, Larrea ofreció disculpas, pues en el informe original, “por un error involuntario” no se incluyeron ciertos cambios. Los gritos volvieron.

Al final, con 96 votos de 121, se aprobó un texto que incluyó elementos nuevos y reformó 10 leyes. Se dispuso que los proyectos públicos deben incorporar componente y personal local; se retiró del texto la derogatoria del inciso cuatro del art. 94 de la Ley de Comunicación estableciéndose que la publicidad de alimentos se someterá a control posterior por la autoridad de salud, etc.

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