Comisión de Fiscalización analiza pruebas contra Jorge Glas

La figura de ausencia temporal al cargo de Vicepresidente está a punto de cambiar. El 2 de enero próximo se cumplirán los 90 días que establece la Constitución y se convertirá en definitiva, para Jorge Glas. Paralelamente, la Comisión de Fiscalización iniciará el trámite del juicio político, una vez que el CAL remitió el proceso.

La Carta Magna no especifica quién debe declarar la ausencia definitiva. Y por eso ayer (26 de diciembre del 2017) se ensayaron varios escenarios en el Legislativo.

Una corriente de legisladores sostiene que la Corte Constitucional (CC) debería certificar que Glas ha sobrepasado el plazo legal. Él se encuentra detenido desde el 2 de octubre.

El legislador Patricio Donoso (Creo) dijo que la Corte Constitucional podría pedir a la Vicepresidencia el detalle de los días de ausencia y, con base en esa información, enviar la certificación del abandono del cargo. Así, cumplido ese trámite, se podría habilitar al presidente de la República, Lenín Moreno, para que envíe una terna con los nombres que podrían reemplazar a Glas.

Donoso se ampara en el artículo 145 de la Constitución, donde se señala la necesidad de que la Corte se pronuncie. Y que luego la Asamblea Nacional ratifique el abandono con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes. Pero ese artículo de la Constitución solo se refiere al caso del Presidente de la República, no de un Vicepresidente.

Tampoco existe un precedente similar judicial para establecer el procedimiento a seguir. Wilma Andrade, integrante de la Bancada de Integración Nacional (BIN), advierte que se podría acudir al artículo 149 del mismo cuerpo legal, donde existe un acápite en el que se explica que quien ejerza la Vicepresidencia cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para el Presidente de la República.

Así, el artículo relacionado con la necesidad de que la Corte compruebe el abandono del cargo se podría aplicar a la situación del Vicepresidente.

Esta interpretación de los legisladores Donoso y Andrade, no obstante, es cuestionada por el constitucionalista Ismael Quintana. A su juicio, existe una confusión.

El próximo 2 de enero, el Vicepresidente cesará en el cargo por una ausencia definitiva, que está establecida en el artículo 150 de la Constitución y no por la figura de abandono del cargo. Por tanto, el presidente Lenín Moreno podría enviar una terna para que la Asamblea escoja su relevo.

El especialista también considera que hay una mala interpretación cuando se plantea la aplicación del artículo 149. Es verdad -comenta- que ahí se dice que tiene las mismas inhabilidades y prohibiciones que el Presidente. Pero en ningún momento el artículo se refiere al abandono del cargo.

Tanto para Andrade, Donoso y Henry Cucalón (del Partido Social Cristiano) la mejor vía para censurar al Segundo Mandatario y destituirlo debió ser el juicio político.

Ayer (26 de diciembre) por la tarde, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció el dictamen favorable de la Corte Constitucional para iniciar el trámite en la Asamblea Nacional. Cuatro de los siete integrantes del CAL asistieron a la reunión.

Estuvieron José Serrano, titular del organismo; Carlos Bergmann, segundo vicepresidente del Legislativo; Luis Fernando Torres, del PSC, y Patricio Donoso, de Creo.

Quienes faltaron fueron Viviana Bonilla, que se encuentra con permiso médico por su estado de gestación, Soledad Buendía y Verónica Arias.

La cita del CAL terminó alrededor de las 18:00. Se decidió dar trámite formalmente al juicio político. Esto implica que ahora el pedido pasará a la comisión de Fiscalización.

Por los plazos que establece la ley es poco probable que el juicio termine antes de que se declare la ausencia definitiva del cargo. El artículo 86 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa permite un juicio en la Asamblea solo mientras esté en el cargo.

Para otros funcionarios de Estado como los ministros sí se permite el enjuiciamiento político hasta un año después de que hayan terminado sus funciones. Además, para los legisladores de la facción correísta, todavía se debe verificar si ya se cumplieron los 90 días.

Augusto Espinosa (AP) recordó que el vicepresidente hizo uso de sus vacaciones antes de que fuera a prisión cuando comenzó el proceso penal en el caso Odebrecht.

Sin embargo, esas vacaciones nunca fueron aprobadas por el Ejecutivo.

En contexto

Luego de que el CAL enviara el trámite de juicio político a la Comisión de Fiscalización y Control Político, el siguiente paso es el análisis de las pruebas de cargo y descargo. La mesa está conformada por una mayoría oficialista de 8 legisladores; otros cuatro asambleístas son de partidos y movimientos de la oposición. La presidenta de la mesa es María José Carrión, de Alianza País.

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